El proyecto de Milei para terminar con el rol del Estado en la Educación

“Es el fin del sistema educativo nacional y federal” y sitúa a la educación en “una lógica de sálvese quien pueda”. Eso advierten especialistas en materia de educación sobre el proyecto de la llamada “Ley de Libertad Educativa” que el Gobierno nacional formalizó tras las reuniones del Consejo de Mayo. Con vouchers en función de la “eficiencia” escolar, reducción en la carga horaria, cambios significativos en el financiamiento de la educación pública y legalización del homeschooling, entre otros puntos, el proyecto que busca derogar la Ley de Educación Nacional (LEN) profundiza para los especialistas, el “corrimiento del rol del Estado” y la “tendencia a la privatización” de la escuela. Los gremios docentes preparan una campaña para enfrentar la reforma cuando llegue al Congreso.

El texto formalizado este martes por el gobierno nacional tiene 43 páginas y 166 artículos y ya se encuentra subido a la web oficial del Consejo de Mayo. Su espíritu, sin embargo, puede detectarse sólo con leer el primer artículo. Allí, el rol estatal de “garantizar la accesibilidad y permanencia” en el colegio aparece como subsidiario del rol de la sociedad civil en la que “se organiza y se desarrolla la educación a través de instituciones, espacios y proyectos diversos”, e incluso detrás del rol de la familia en tanto “agente natural y primario de la educación de los hijos”. La educación, dice el proyecto redactado bajo la tutela de Federico Sturzzeneger, se ejerce antes que nada “en el marco de la libertad educativa y del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos”.

Lo dicho implica un cambio radical con respecto a lo establecido por ley hasta ahora, ya que la actual LEN, aprobada en el año 2006, fija como único garante del derecho educativo al Estado. Para Roxana Perazza, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y magister en Ciencias Sociales con orientación en Educación por FLACSO, “el lugar secundario que le otorga al Estado es de lo más preocupante y grave del proyecto, porque aparece como principio rector de todo el texto y rompe con un recorrido histórico valorado por la sociedad en su conjunto”. “No hay que correr al Estado sino fortalecerlo y yo no vi ninguna política pública de la actual Secretaría de Educación en pos de fortalecerlo”, añade.

Perazza forma parte de un grupo de especialistas en el área que elaboró un documento en conjunto en contra de la reforma. El documento ya juntó más de 2500 firmas de apoyo y la idea del grupo es presentarlo ante los distintos bloques de ambas cámaras del Congreso. En el texto se advierte directamente que el proyecto es “el fin del sistema educativo nacional y federal”: "La escuela se consolidó históricamente como el lugar donde se accede al saber y a una formación integral, aprendemos a convivir, a ampliar el mundo familiar y a participar de la vida democrática. La propuesta desarticula y desmantela esa estructura: plantea una multiplicidad de agentes educativos compitiendo entre sí, situando la educación en una lógica de sálvese quien pueda“, apuntan.

Roberto Abdala, magister en Políticas Educativas y director de la carrera de Educación de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), coincide en que “al plantear la primacía de la familia, y de cierto tipo de financiación para que la familia elija la escuela que desea, la ley va a generar un sistema aún más segregado del que tenemos”. “Lo que puede suceder es que termine habiendo un sistema empobrecido para los sectores más vulnerables y una educación de más jerarquía para los demás”, agrega.

Es que los cambios no se quedan sólo en la redacción de los fundamentos del proyecto sino que derraman en el espíritu de todas las modificaciones que planea incorporar el gobierno, comenzando por la base misma del sistema: su financiamiento. Como ya se había adelantado en el Presupuesto 2026, el proyecto borra el número del 6 por ciento del PBI como meta para la inversión en educación, formaliza el financiamiento a escuelas de gestión privada y le pone nombre a una de las principales promesas de campaña en materia educativa del presidente Javier Milei. Se trata de los famosos “vouchers educativos”, que aparecen mencionados como “dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades”.

“Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”, agrega el texto del proyecto, que busca legalizar esas asignaciones estatales por demanda a partir de un cálculo que, entre otros puntos, incluiría a la “cantidad de alumnos a los que presta el servicio”. Es decir que la inversión educativa podría estar definida por la cantidad de matrícula que tiene cada escuela, lo que habilitaría de hecho un sistema de competencia entre los propios colegios.

Todo justificado en función de un criterio de “eficiencia” destacado como uno de los principales puntos a seguir en materia de financiamiento, con el mandato de “utilizar los recursos disponibles de manera racional, priorizando la mejora de los aprendizajes y la reducción de desigualdades injustas, evitando duplicaciones, gastos improductivos o asignaciones discrecionales”. Para la educación superior también se propone un sistema por mérito de estudiantes y sus desempeños para la financiación.

El punto del financiamiento es uno de los pocos que sufrió una modificación con respecto al borrador que circuló en un primer momento. En ese texto se indicaba que los aportes económicos del Estado debían estar equiparados entre los colegios de gestión privada y los de gestión estatal, algo que fue retirado del texto actual. También se quitó el artículo que permitía que las escuelas estatales tuvieran un espacio de educación confesional.

El corrimiento del Estado se verifica, además, en los puntos que apuntan a darle mayor “autonomía” a las escuelas, entre los que se destaca la posibilidad de que cada institución defina sus propios planes de estudios. El Estado seguiría definiendo los diseños curriculares, pero serán “de carácter general que enmarcan los planes de estudio institucionales”. Abdala sostiene en este punto que “lo que se plantea en términos de selección escolar y autonomía de las escuelas tiende hacia un sistema más desigual porque la autonomía de las escuelas es bienvenida si todas cuentan con recursos similares para poder hacer una oferta educativa atractiva”.

Cada institución quedaría también habilitada a definir las cargas horarias internamente a partir de un mínimo de horas de clase definido por ley que estaría por debajo de lo establecido actualmente, ya que el texto prevé que el nivel primario y secundario deberán cumplir un piso de 720 horas anuales. El número implica una reducción con respecto a lo establecido incluso para el ciclo lectivo 2026, para el que el Consejo Federal de Educación definió un total de 760 horas para primaria y 900 para secundaria.

Cada institución quedaría también habilitada a definir las cargas horarias internamente a partir de un mínimo de horas de clase definido por ley que quedaría por debajo de lo establecido actualmente, ya que el texto prevé que el nivel primario y secundario deberán cumplir un piso de 720 horas anuales. El número implica una reducción con respecto a lo establecido incluso para el ciclo lectivo 2026, para el que el Consejo Federal de Educación definió un total de 760 horas para primaria y 900 para secundaria.

A su vez, las escuelas podrían participar del proceso de selección de los y las docentes, sistema que hoy en día está centralizado en las jurisdicciones, mientras que se declara la “esencialidad educativa” que limitará de hecho el derecho a huelga de los y las docentes. Desde Ctera ya adelantaron el rechazo no sólo a este punto sino a la reforma en general y señalaron a Página/12 que ya comenzaron reuniones con diversos sectores para definir los pasos a seguir en la campaña de rechazo al proyecto.

Miguel Duhalde, Secretario de Educación del sindicato, señaló que “no aceptamos fundamentalmente que se intente borrar de la noche a la mañana un proceso histórico de debate y lucha que derivó en la LEN; derogarla es un retroceso histórico que profundiza la tendencia de la privatización y mercantilización de la educación, que es un derecho humano”. “Preocupa el corrimiento del rol del Estado, que deja de ser un garante y aparece como un subsidiario de las familias, ubicadas casi en un lugar patronal pudiendo definir hasta los equipos directivos”, agrega Duhalde.

La función de la familia como “agente natural y primario” de la educación se traduce en varias modificaciones concretas dentro del proyecto, que incrementarían su rol de control dentro de las escuelas. Es que el texto busca crear el llamado “Consejo Escolar de Padres” con funciones de “asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas en los asuntos estratégicos y de control institucional”. Sus alcances llegan hasta “participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución”, así como en la elaboración del reglamento escolar.

A lo dicho hay que sumarle la búsqueda de legalizar el homeschooling, que aparece en la redacción como una de las “formas alternativas de enseñanza”, entendidas como “procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución”. La importancia que se le da a este aspecto es tal que el texto le dedica un capítulo entero del proyecto, con artículos que buscan legalizar la “educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores” y la “educación en entornos virtuales”. Los contenidos, por si fuera poco, se evaluarán sólo con una prueba estandarizada a rendir en una institución educativa con “únicamente los contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales, sin incorporar exigencias adicionales”.

Para Abdala, la búsqueda de legalizar esta modalidad “está pensada para un sector minoritario que pueda sostener docentes o una preparación en la casa que después sea homologada”. Los especialistas advierten que detrás de la cuestión se esconde un gran negocio de servicios de educación privados que podrían desembarcar en los hogares de élite que opten por una “educación alternativa”.

Perazza concluye que la iniciativa en general “es un proyecto que atrasa”: “Tendríamos que estar pensando en la mejora de la escuela, en interpelar el formato y pensar escuelas para chicos y chicas con otras problemáticas, pero el Gobierno está mirando una realidad bastante peculiar para derogar una ley de educación que sólo tiene veinte años”, sostiene.

Página12