Las causas que acechan a Bettina Romero: peculado, fraude y contratos irregulares

La exintendenta de Salta, Bettina Romero, enfrenta un conjunto de investigaciones penales en su contra que exponen irregularidades cometidas durante su administración que no logró la reelección después de obtener una aplastante reprobación por parte de los salteños.

Sin emabrgo, la suerte de los Romero en la justicia es distinta al resto de los mortales. Su padre —el exgobernador y senador nacional mandato cumplido, Juan Carlos Romero— también arrastra causas judiciales de vieja data que continúan en trámite y sin resolución definitiva. Entre ellas figuran denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos, presuntas irregularidades administrativas y cuestionamientos a contrataciones estatales durante su gestión provincial. Aunque ninguna avanzó hacia una condena, permanecen abiertas en distintos fueros y siguen generando controversia política y judicial.

Los expedientes en perjuicio de Bettina, radicados en diversas fiscalías y juzgados, abarcan delitos que van desde peculado y fraude a la administración pública hasta adulteración de documentación oficial.

A continuación, el detalle de cada una de las causas que hoy avanzan en la Justicia provincial:

1. Causa Depósitos Municipales (Legajo 20/2024)
En este expediente se imputó por peculado (art. 261 del Código Penal) a su primo Emilio Fayon y Andrés Nux, y por malversación imprudente (art. 262) a Silvia Varg. La acusación sostiene que mercadería social destinada a asistencia de personas vulnerables fue desviada y hallada en una residencia particular de Fayon, pese a que la gestión de entonces —a cargo del polifuncionario Aroldo Tonini— había reportado su distribución total.

Los tres imputados permanecen en libertad. La causa está en investigación y en manos del Procurador General, quien debe definir qué fiscalía continuará el trámite luego de que surgieran discrepancias internas respecto de si debe imputarse o no al exjefe de Gabinete, Tonini.

2. Causa Panadería Social (Legajo 26/2024)
En la causa se investiga un presunto fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5) por maniobras vinculadas a la panadería social. La imputación alcanza a Emilio Fayon, Roxana del Milagro González Domínguez y Josefina González Domínguez.

Según auditorías, Fayon —como presidente de la panadería— compraba insumos a precios exorbitantes a su esposa y suegra, ocasionando un daño estimado en $120 millones a valores de 2023. Los imputados se abstuvieron de declarar y presentaron descargos por escrito. Se espera la pericia del CIF para avanzar hacia la elevación a juicio.

La causa la tramita el Juzgado de Garantías de 1ª Nominación y la lleva la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. 

3. Causa Obras Públicas (Legajo 14/25)
Es la causa de mayor complejidad por la cantidad de imputados y la presunta magnitud del fraude. Se investiga la sobrecertificación de obras públicas durante la gestión municipal de Bettina Romero y sus laderos más fieles.

Los imputados abarcan a:
Daniel Nallar (exjefe de Gabinete): imputado por omisión de denuncia.
Luis Racioppi (exsubsecretario de Obras Públicas).
Inspectoras municipales: Raña y Guantay.
Sergio Benítez (inspector de Norte Áridos).
Hermanos Dal Borgo (dueños de la empresa Norte Áridos).

Las auditorías detectaron que la empresa cobraba certificados inflados, llegando a percibir hasta un 80% del monto cuando el avance real no superaba el 40%. El perjuicio estimado supera los $120 millones.

La investigación está judicializada, con querella y actoría civil ya admitidas. La defensa de Nallar presentó múltiples impugnaciones y solicitudes de revisión, lo que motivó un pedido para bifurcar la causa.

4. Causa Plumada (AP 886/22)
Se investiga la firma de un convenio entre funcionarios municipales y la empresa Plumada en un juicio que aún tenía instancia abierta a favor del municipio. El acuerdo, considerado gravoso, reconocía valores e intereses muy superiores a los de la sentencia original.

La Municipalidad sostiene que la gestión anterior convalidó una pericia perjudicial para el fisco, mientras que en un litigio similar la Provincia nunca aceptó actualizar esos valores.
La Fiscalía requirió información al Banco Macro y analiza documentación aportada por el Ejecutivo actual.

5. Causa Actas (AP 6589/24)
Se denunció la presunta adulteración de actas extra protocolares en contrataciones públicas. Según la investigación, el exjefe de Gabinete, Daniel Nallar, habría apartado en varias oportunidades al escribano municipal de las aperturas de sobres, reemplazando las actas notariales por otras firmadas únicamente por él.

Las actas auténticas fueron halladas por fuera de los expedientes, lo que constituye un indicio de manipulación de documentación pública. La Municipalidad aportó pruebas y pidió avanzar con la investigación.

Las causas, aún en etapa de investigación, exhiben un patrón común: presuntos desvíos de fondos públicos, certificaciones irregulares, contratos perjudiciales y documentación adulterada.

Con querellas activas y auditorías en marcha, la Justicia deberá ahora determinar responsabilidades y el grado de participación de cada implicado en un entramado que compromete directamente a la gestión de Bettina Romero al frente de la ciudad de Salta.