Fentanilo contaminado: Un informe de Diputados exige el juicio político a Lugones

El martes pasado, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado de la Cámara de Diputados presentó el informe final dentro del plazo establecido en la conformación. Sin embargo, los vocales de Democracia para Siempre habían propuesto otro informe que, entre varios puntos más, concluía en que el ministro de Salud, Mario Lugones, debía ser sometido a juicio político.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, presentó el informe final en la reunión del martes pasado, el cual culminaba con una serie de recomendaciones en relación a lo detectado en la investigación contemplando medidas que buscan prevenir futuros casos. En paralelo, la bancada que aún presidía Pablo Juliano elevó un boceto mucho más duro y que responsabiliza directo al Estado nacional.

Con la firma de Juliano, la porteña Mariela Coletta y la pampeana Marcela Coli, el informe que había postulado Democracia para Siempre contemplaba que el ministro de Salud debía “ser sometido a juicio político”; en según lugar, comunicaba que las autoridades de ANMAT debían ser removidas; tercero, señalaba que el Ministerio Público debía investigar penalmente; y concluía que “el Estado argentino debe reparar, garantizar y reformar”.

El principal desacuerdo que plantearon los diputados que ahora integrarán Provincias Unidas está en las responsabilidades explayadas en el informe final. Para las autoridades de la Comisión, las causas yacen dentro de Laboratorios Ramallo S.A. bajo la marca HLB Pharma, firma encargada de distribuir los dos lotes del opioide, 31202 y 31244, contaminados con bacterias multirresistentes, provocando la muerte de al menos 124 pacientes y dejando decenas de sobrevivientes con secuelas.

Pero, desde Democracia para Siempre señalaron que “hay más de 160 argentinos fallecidos por el fentanilo contaminado, cada una de estas muertes debió ser evitada y las consecuencias no pueden ser sólo penales”. Con el fin de responsabilizar a las autoridades gubernamentales, agregaron que “creemos que políticamente los responsables deben ser sancionados”.

“La masacre del fentanilo adulterado no representa simplemente el fracaso de un sistema administrativo, ni la suma de omisiones aisladas, ni la negligencia de unos pocos funcionarios irresponsables. Representa el derrumbe consciente del andamiaje estatal que debía proteger la vida de las personas, reemplazado por un modelo deliberadamente diseñado para desregular, desarticular y debilitar cada uno de los mecanismos de fiscalización sanitaria de la República Argentina”, aseveraron en el informe alternativo.

Otra mención al Poder Ejecutivo Nacional fue que “a pesar de las resistencias, los silencios y las omisiones oficiales, es la evidencia irrefutable de un Estado que renunció a su deber más básico: cuidar a su pueblo”. En ese sentido, cagaron que “esa renuncia no es neutra, no es accidental y no es inocente. Tiene responsables. El Estado no falló: el Estado se retiró”.

Sin titubeos, los legisladores firmantes llamaron a la tragedia como “conducta criminal” que “solo fue posible porque el Estado se retiró del territorio donde debía estar más presente”. Luego, enumeraron las fallas del Gobierno nacional en relación a los dos lotes de fentanilo contaminado: “No hubo control federal; no hubo supervisión técnica; no hubo fiscalización real; no hubo alertas ni seguimiento; y no hubo coordinación federal”.

No obstante, en este informe acusan al Gobierno nacional de obstruir la labor de la Comisión Especial y mencionaron que hubo “resistencia injustificada de organismos del Estado a entregar información, ausencia reiterada de funcionarios clave ante citaciones formales, contradicciones graves entre documentos remitidos y documentos judiciales, múltiples zonas oscuras en los períodos de fiscalización, evidencia testimonial directa de maltrato, abandono y falta de contención a familiares de víctimas”.

En conclusión, el informe elevado por los vocales de Democracia para Siempre cerró que “la masacre del fentanilo adulterado constituye la violación sanitaria más grave registrada en la historia democrática reciente". Luego, reiteraron las responsabilidades del Ministerio de Salud y la ANMAT; acusa al Estado argentino de incumplir la Constitución Nacional; exige el juicio político a Lugones; y pide por futuras reformas federales, profundas y estructurales.