Recortes y riesgo estructural amenazan al Banco de Datos Genéticos
El Banco Nacional de Datos Genéticos atraviesa una situación crítica. El gobierno de Javier Milei lo dejó sin actualización presupuestaria y avanzó con una intervención de hecho mediante el decreto 351, publicado a fines de mayo. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG es una herramienta esencial en la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
La situación del organismo se agravó por otras decisiones del Ejecutivo: además del recorte presupuestario, el cual lo obliga a operar con los recursos asignados en 2023, la institución estuvo más de un mes sin dirección tras el vencimiento del mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, designada por concurso. La prórroga de su cargo llegó recién después de que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó un reclamo ante la justicia federal de San Martín.
La última dictadura militar argentina ocurrida entre 1976 y 1983 dejó un saldo de 30 mil personas desaparecidas. En ese contexto, la lucha incansable de las Abuelas por encontrar a sus nietos permitió en 1987 la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Gracias a este trabajo, ya se logró localizar a 140 nietos y nietas.
Banco Nacional de Datos Genéticos: por qué las Abuelas de Plaza de Mayo decidieron crearlo
El grupo de mujeres recorrió el mundo para poder hablar con científicos de distintas instituciones con el fin de poder lograr que la sangre de las abuelas pueda servir para poder llegar a identificar a los nietos. Luego de un largo trabajo, el doctor Víctor Penchaszadeh, genetista argentino exiliado en Estados Unidos, contactó a la organización con una genetista estadounidense, Mary-Claire King.
Junto con un equipo de investigadores se logró llegar a lo que se conoce actualmente como el índice de abuelidad. El procedimiento científico llevó a que los niños, en ausencia de sus padres, puedan realizarse un análisis de material genético de sus abuelos y abuelas. Producto de ese trabajo en 1982, los años posteriores se enfocaron en crear el BNDG para poder dejar las muestras, almacenamiento y orden sobre lo que iban recolectando.
La conservación de los perfiles genéticos, de cada uno de los miembros de las familias que sufrieron la desaparición de algún integrante, se pudo lograr a partir de la creación de la institución el 1° de junio de 1987. Con dependencia del poder Ejecutivo Nacional y, en ese entonces, con sede en el Servicio de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 2009 dejó de ser dependiente y pasó a ser autónomo y autárquico bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, todo a partir de la sanción de la Ley 26.548. La sede se trasladó a Avenida Córdoba 831 y estuvo a cargo de los doctores Héctor Targovnik y Víctor Penchaszadeh.
El Banco Nacional de Datos Genéticos y la decisión de "reducir el gasto público"
En 2023, el BNDG adquirió un equipo iScan System que amplía la capacidad de identificación en los grupos familiares, ya que tiene una nueva tecnología llamada microarrays. En 2024, el Banco obtuvo una acreditación como laboratorio de ensayo conforme a los criterios de la Norma Internacional IRAM-ISO-EC 17025. Además, desde 2018 cuenta con datos por madres que fueron separadas de sus hijos o hijas al momento de su nacimiento.
Sin embargo, luego de 16 años, el Gobierno nacional mediante el Boletín Oficial estableció el decreto 351/2025 que indica que deja de estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para pasar a la Jefatura de Gabinete de Ministros. El motivo fue para “reducir el gasto público” aunque “sin que afecte a las competencias asignadas”.
Sin embargo, las políticas aplicadas, demuestran lo contrario. El decreto indica que “se mantendrá el personal con sus cargos, su situación de revista y las unidades organizativas vigentes hasta tanto se apruebe su estructura organizativa”. Pero el artículo 3 de la Ley Bases da la chace de modificar, fusionar o eliminar organismos de la Administración Pública Nacional y este organismo no se encuentra exento.
En agosto del 2025 se realizó una sesión maratónica en la Honorable Cámara de Diputados en donde se puso en debate la independencia del Banco Nacional de Datos Genéticos. 133 legisladores se pronunciaron a favor del rechazo del decreto 351/2025, mientras que 69 lo apoyaron y hubo dos abstenciones.
En tal sentido, en 2024 el Presidente firmó el decreto 727, en el cual eliminó la Unidad Especial de Investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que tenía acceso a los archivos en poder del Ejecutivo. El motivo por el que accionó de esa forma fue excusado con que se duplicaba las funciones con las del Ministerio Público Fiscal.
Cabe destacar que, la pérdida, alteración o deterioro de las muestras que se encuentran en el BNDG podría significar un daño irreparable para la identificación de quienes buscan encontrar su identidad, lo que marca un retroceso que va a tener duras consecuencias sobre los derechos a la identidad. Además, el decreto 351 va en contra de la Ley 27.738 que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
La situación crítica que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos no solo pone en riesgo su funcionamiento para el futuro de la identidad, sino que atenta contra décadas de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia. El BNDG no es un organismo más: su existencia está íntimamente ligada a la reparación de uno de los crímenes más aberrantes cometidos por la última dictadura. Su debilitamiento, en nombre del ajuste fiscal, representa un retroceso institucional que podría tener consecuencias irreparables para aquellos que pretende conocer su verdadera identidad. Defender su independencia y garantizar su funcionamiento no es solo una cuestión técnica o presupuestaria, sino un compromiso con los derechos humanos y con la historia reciente de nuestro país.
Con información de C5N