Alarma en Brasil: el crimen organizado accede a armas de uso militar y tecnología bélica

 Una reciente investigación del instituto brasileño “Soy por la Paz” (“Sou da paz”, en portugués), publicada en la revista de la London School of Economics, muestra un panorama dramático. Un análisis detallado de los registros de unas 7.000 armas incautadas en el sureste de Brasil entre 2019 y 2023 revela un dato alarmante. Las incautaciones de armas de tipo militar, es decir, rifles, metralletas y ametralladoras en manos del crimen organizado, han aumentado un 11,4% en esta zona de Brasil, pasando de 1.494 a 1.665 unidades. Pero lo más alarmante es el dato general. A nivel nacional, el número anual de armas de este tipo incautadas ha aumentado un 33,7% (de 1.929 a 2.581), y su proporción con respecto al total de armas incautadas ha pasado del 1,7% al 2,4%. “Su impacto es desproporcionadamente alto debido a su letalidad, su capacidad para dominar a las fuerzas del orden y su valor estratégico para los grupos criminales”, explica a Infobae Bruno Langeani, consultor senior del Instituto. Según el experto, “los fusiles de tipo militar y las armas de gran calibre son las preferidas por el crimen organizado para enfrentarse a disputas territoriales, enfrentamientos con la policía u operaciones de alto riesgo, como fugas de prisión, asesinatos de autoridades públicas y grandes atracos a bancos”.

El viernes pasado fue detenido un miembro del Primer Comando de la Capital (PCC) en Santos, en la costa del estado de San Pablo. Patrick Machado Nazário y su compañera Josivania Costa Nascimento fueron encontrados en posesión de un arsenal bélico valorado en unos 500 000 reales. La pareja guardaba rifles, pistolas, granadas y un lanzagranadas. Según el comisario de la policía civil que llevó el caso, Leonardo Amorim Rivau, “este tipo de armamento, especialmente el lanzagranadas, solo se ve en combates bélicos. Es un arma militar y no todos los ejércitos disponen de ella”.

Sin embargo, sigue siendo un misterio el sistema antidrones con el escudo de Ucrania encontrado el pasado mes de julio en la comunidad de Acari, en la zona norte de Río de Janeiro, durante una operación de la Policía Militar. El dispositivo, de uso militar, estaba escondido en el ático de una vivienda y se utilizaba para bloquear las señales en toda la comunidad, con un radio de acción de unos 7 kilómetros. En la caja del dispositivo aparecía el Tryzub, el escudo oficial de Ucrania, un detalle que ha avivado el misterio sobre el origen del equipo. Según la policía, “el dispositivo estaba operativo, equipado con una antena y tecnología avanzada, capaz de interferir, neutralizar e incluso derribar drones”.

Según el estudio del Instituto “Soy por la Paz”, el estado de Río de Janeiro, donde opera principalmente el Comando Vermelho, el segundo grupo criminal del país, ocupa el primer lugar en cuanto al número de incautaciones de armas militares, seguido de Minas Gerais, Espírito Santo y San Pablo. Sin embargo, en el período analizado, el estado de Espírito Santo es el que registró el mayor aumento en las incautaciones de este tipo de armas, con un crecimiento del 467%, mientras que el estado de Río de Janeiro registró un aumento del 32%. “Por el lado de la demanda, asistimos a la expansión del crimen organizado en nuevos territorios, lo que a menudo desencadena violentas disputas entre facciones rivales que conducen a una carrera armamentística”, explica Langeani a Infobae. “En cuanto a la oferta, durante este periodo se ha producido una drástica flexibilización de la normativa sobre armas de fuego bajo el Gobierno de Bolsonaro, que ha legalizado la compra civil de rifles y grandes cantidades de munición. Esto ha inundado el mercado de armas de alta potencia, reduciendo los costes y las barreras de acceso, y muchas de estas armas se recuperan hoy en día en contextos delictivos”, añade el experto.

Entre los fusiles incautados predomina el calibre 5,56×45 mm, seguido del 7,62×51 mm. Muchos de estos calibres están muy extendidos en las fuerzas policiales y el ejército y se han vuelto más accesibles gracias a las autorizaciones concedidas a los denominados CAC, coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores, ampliando así las posibilidades de desviación hacia el mercado ilegal. Aunque las marcas más frecuentes en las armas incautadas fueron Colt, Imbel y Taurus, el 45,4% de los fusiles 5,56×45 carecían de identificación del fabricante, lo que puede deberse a registros inadecuados o a la difusión de las denominadas “ghost guns”. Estas últimas son armas invisibles en los registros legales por dos razones. Han sido ensambladas artesanalmente a partir de kits o piezas compradas por separado, o bien son armas desmontadas y remontadas con componentes de diferentes fabricantes, en las que la parte principal se ha dejado deliberadamente sin marcas ni números.

Estados Unidos representa una fuente importante de suministro de las armas utilizadas por el crimen organizado brasileño, entre el 9% y el 20%, y hasta el 30% en el caso de algunos fusiles, según las estimaciones del Instituto “Soy por la Paz”. “Incluso los fusiles basados en el modelo AK, aunque no siempre se fabrican en Estados Unidos, a menudo se importan allí, se venden en el mercado civil no regulado a testaferros (‘straw buyers’ en inglés) y posteriormente se trafican en Brasil. Y, lo que es significativo, un número creciente de fusiles fantasma se ha ensamblado en Brasil utilizando kits comprados en línea a proveedores estadounidenses”, explica Langeani a Infobae.

Ante este panorama, según Langeani, es necesario reforzar los controles y la normativa. “La principal deficiencia es la falta de una capacidad de diagnóstico constante y de alta calidad. Muchas fuerzas policiales brasileñas siguen teniendo dificultades para identificar correctamente las armas fabricadas industrialmente, y un gran número de armas incautadas se registran con datos incompletos o erróneos sobre la marca, el modelo o el calibre. Además, son evidentes las dificultades para reconocer nuevas tendencias como los rifles fantasma y las armas fabricadas de forma privada”, afirma Langeani. Por lo tanto, se necesitan mayores inversiones en formación y desarrollo técnico de las fuerzas policiales estatales y federales. Para el experto, también es necesario potenciar las unidades especializadas, tanto a nivel estatal como federal, dedicadas específicamente a investigar el tráfico ilícito de armas y municiones.

“Por último, es esencial una regulación más estricta del mercado legal de armas de fuego, ya que este sigue siendo la principal fuente de las armas que acaban en manos de los delincuentes. Mejorar los mecanismos de control y aumentar la transparencia facilitaría la detección de irregularidades y la prevención de desviaciones en el origen”, concluye Langeani. En el informe del Instituto “Soy por la Paz” también se recuerda que alrededor del 26% de la población brasileña vive bajo formas de gobierno criminal, una cifra que subraya el papel central de las armas en el control territorial de las organizaciones criminales.

Entre las novedades de los últimos meses destaca la industrialización de la producción interna ilegal de armas. El pasado mes de agosto, la Policía Federal descubrió en Santa Bárbara D’Oeste, en el estado de San Pablo, una sofisticada fábrica clandestina de rifles AR-15, instalada en una nave industrial con maquinaria de última generación valorada en millones de reales. Las investigaciones condujeron a la detención de dos hombres, Janderson Azevedo y Anderson Gomes, sorprendidos con 40 rifles listos para ser entregados a facciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Paralelamente, también en el estado de San Pablo, en São Roque, se incautó en una finca un arsenal de guerra con un centenar de armas y una fábrica clandestina de municiones, por un valor estimado de al menos un millón de reales (181.166 dólares). El propietario formaba parte del grupo de CAC, coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores que, desde el inicio del gobierno de Bolsonaro en 2018 hasta la fecha, han pasado de 117.000 en 2018 a casi 1 millón. Estas incautaciones muestran que se trata de un cambio significativo en el mercado ilegal, que hasta hace poco dependía principalmente de las rutas de tráfico de cocaína y marihuana para importar armas del extranjero.

El mercado ilegal brasileño también está creciendo en el sector de los explosivos. En Perú se ha utilizado dinamita brasileña en tres atentados perpetrados este año relacionados con la guerra por el control de la extracción de oro. Según el sitio web peruano de investigación Ojo Público, que ha tenido acceso al registro fotográfico de los explosivos incautados, los envases llevan el nombre de AEL Brasil Industrias Químicas y Desmontes Inteligentes LTDA, con sede en San Pablo, que, según el Registro Nacional de Personas Jurídicas de Brasil (CNPJ, por sus siglas en portugués), ha sido cancelada. Una revisión de las importaciones de Perú muestra que Brasil ocupa el séptimo lugar en la lista de países que abastecen el mercado peruano de explosivos entre 2023 y 2025. Los cuatro primeros son Chile, Rusia, Suecia y Egipto. También están aumentando las incautaciones en territorio brasileño. El pasado mes de abril, la Policía de Tráfico incautó más de 2.700 cargas de explosivos encontradas en un coche detenido en Guarantã do Norte, en el estado de Mato Grosso. Los dos ocupantes del vehículo declararon que el destino final era Moraes Almeida, en el estado amazónico de Pará. Según la policía, este tipo de explosivo es comúnmente utilizado por bandas especializadas en atracos a bancos.

Con información de Infobae