Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno analiza estrategias para postergar la aplicación de leyes
El Gobierno evalúa suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica tras el rechazo del Congreso a los vetos de Javier Milei. Se trata del mismo esquema que el Ejecutivo aplicó con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que promulgó mediante un decreto, pero puso en suspensión la ejecución de sus fondos.
La Casa Rosada está estudiando las implicancias de la erogación presupuestaria de las leyes y pone la mira sobre los fondos a las universidades. En la mesa técnica de Balcarce 50 reconocen que el incremento de asignaciones para el Garrahan tiene poco impacto en las cuentas. Contempla $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.
Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos universitarios tiene un impacto presupuestario para este año de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. El documento prevé una actualización de gastos de funcionamiento del 32% y un incremento del 40% para los salarios junto con una actualización de becas.
Los equipos técnicos de Nación aseguran que aplicarán o suspenderán ambas leyes y descartan realizar interpretaciones separadas para evitar un contrafrente legal. El oficialismo tiene previsto dilatar la decisión hasta el límite jurídico de diez días hábiles luego de que el Congreso le notifique la sanción. “La decisión la tomará el Presidente”, agregan.
Hay diferencias internas en el Gobierno sobre el plan de acción respecto a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. Mientras que en un sector de Nación buscan bajar las tensiones con el Congreso, en otro sector del oficialismo hay preocupación por posibles cambios en la posición oficial que se aplicó sobre Discapacidad.
“No podemos retroceder porque sería pronunciarnos en contra de lo que ya hicimos”, expresan. En la Casa Rosada apelan al “impacto fiscal” de la medida y recurren al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
La encargada de delinear la estrategia del Gobierno es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, que trabaja en varios asuntos junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos. La Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla, también mantiene contactos con la mesa judicial.
El Ejecutivo apunta a ganar tiempo para postergar la erogación presupuestaria de las leyes hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que debe ser aprobado por el Congreso. En el sector menos dialoguista de Nación se inclinan por un plan de acción que promueva que las demandas por sus medidas las inicien particulares, de forma que se atomicen los procesos. “Lo que nos interesa es ganar tiempo y mantener el equilibrio en las cuentas”, agregan.
Con información de TN