El movimiento indígena ecuatoriano rechazó el diálogo con Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande y que lidera las protestas contra el alza del diésel en el país, ratificó este miércoles que “el paro sigue” y avanzó que este jueves se reunirán para definir nuevas acciones.

“Han pasado 10 días de paro nacional y la resistencia de los pueblos no se detiene. El Gobierno de Daniel Noboa responde con represión, pero nuestras demandas siguen firmes y justas. Mañana, jueves 2 de octubre, el Consejo Ampliado de la Conaie definirá nuevas acciones. El paro sigue, la lucha continúa”, publicó el movimiento indígena.

El anuncio se realizó horas después de que la Federación de pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador, donde se han concentrado las mayores protestas, publicara un comunicado sobre una “tregua temporal” como “gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno”.

Sin embargo, el pueblo Kichwa Karanki y el pueblo kichwa Otavalo calificaron de “arbitraria” la decisión del presidente de la Federación, Mesías Flores, de “acudir a mesas de diálogo sin la debida consulta y autorización de las bases que lo delegaron”.

Por su parte, la lideresa indígena Pacha Terán alertó en un video que Flores pretendía reunirse con tres ministros para firmar un acuerdo y que emitió ese comunicado “de manera inconsulta con la única intención de desmovilizar al pueblo ecuatoriano”.

Aseguró que seguían “en pie de lucha” hasta que sean liberados los doce indígenas detenidos la semana pasada después de que se registró un ataque a un cuartel policial en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, y que están siendo procesados por el delito de terrorismo.

Además de la derogación del decreto que eliminó el subsidio al diésel, por el que el precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), y de la liberación de los detenidos, el movimiento indígena exige que se reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % al 12 % y el fin de la expansión minera y petrolera, entre otros pedidos.

La Conai ya lideró en 2019 y 2022 protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás cuando quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles.

Denuncia internacional

Durante el décimo día de protestas, catorce tramos de carreteras de seis provincias permanecían cerradas por las manifestaciones, según el último reporte del servicio de emergencias ECU-911.

Cinco de esas vías están en Imbabura, epicentro de las protestas, y las demás se concentran en las andinas Bolívar, Cañar, Chimborazo y Pichincha y en la amazónica Sucumbíos.

Después del ataque al cuartel de policía en Otavalo, donde también se quemaron diez vehículos policiales y particulares, la protesta más violenta ocurrió el pasado domingo cuando —según el Gobierno— un grupo de manifestantes “emboscó” un convoy con ayuda humanitaria, un suceso en el que resultaron heridos doce militares y otros 17 fueron “secuestrados”, quienes ya han sido liberados y están en observación médica al haber sufrido golpes.

La Conaie, por su parte, denunció que ese día el manifestante Efraín Fueres murió tras recibir disparos por parte de militares, y también rechazó que soldados golpearan en repetidas ocasiones a otro manifestante que intentaba asistirlo.

El movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, aseguró en un comunicado que denunciará lo que considera “violencia y crímenes de Estado” registrados durante las protestas “ante los organismos de justicia y derechos humanos nacionales e internacionales” y que exigirán la “inmediata actuación” de estas instituciones.

Pachakutik aseguró que el Gobierno ha decidido optar por “el camino de la violencia y el irrespeto a toda norma del Estado de derecho y declarar la guerra”, que —dijo— no está dirigida hacia las “mafias del narcotráfico” sino que es “en contra del pueblo” y que “no duda en permitir torturas, represión y asesinatos”.

Con información de EFE