Salud refuerza controles tras el escándalo del fentanilo contaminado

El Ministerio de Salud de Argentina ha intensificado su respuesta institucional tras el escándalo del fentanilo contaminado, al implementar una serie de medidas que incluyen la inhibición de un laboratorio y la designación de nuevos funcionarios en organismos clave.

Dos de las principales decisiones adoptadas se publicaron hoy en el Boletín Oficial. En primer lugar, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición de Rigecin Labs S.A., dedicada a la elaboración de soluciones parenterales.

En paralelo, se anunció la designación de Saúl Flores como secretario de Gestión Sanitaria en reemplazo de Alejandro Vilches. Cabe recordar que, semanas atrás, Vilches fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la remoción de Diego Spagnuolo, dispuesta por el Gobierno tras la filtración de audios que presuntamente exponían maniobras irregulares vinculadas a la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

Sobre las nuevas medidas, según pudo saber Infobae, la inhibición de Rigecin Labs S.A. llegó luego de que el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) detectara incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

Las inspecciones, realizadas entre el 6 y el 13 de junio, revelaron deficiencias que comprometían la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados por la firma. A pesar de un plan de acción presentado por el laboratorio, una nueva revisión confirmó la persistencia de fallas críticas.

La medida de ANMAT también implica la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país de la Solución Electrolítica Balanceada Rigecin (citrato de sodio) y de la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable Rigecin, ambos productos señalados por presunta contaminación.

Además, se ordenó el retiro del mercado de los lotes EB0440, EB0444, EB0405, EB0455 y EB0438 de la Solución Electrolítica Balanceada, y del lote BI0091 de la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable, en un esfuerzo por limitar los riesgos para la salud pública.

Nuevas designaciones en la gestión de Salud

Estas acciones regulatorias se enmarcan en la reciente designación de Gastón Morán como nuevo director del INAME. El especialista en bioquímica y gestión sanitaria accedió al cargo luego de desempeñarse como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT. El nombramiento fortalece el perfil técnico de la institución y se produce en un contexto de revisión interna de los organismos del sector.

En tanto, el Ministerio de Salud informó la designación de Saúl Flores como secretario de Gestión Sanitaria, quien ocupará el puesto de Alejandro Vilches. Flores se desempeñaba como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, y asume el nuevo cargo en un momento de reformas en la estructura sanitaria nacional. Cursó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con una maestría en Economía de la Salud.

Por su parte, Vilches fue nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que el gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo.

La decisión de apartar a Spagnuolo fue divulgada por la Vocería Presidencial: “Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”.

El nombramiento de Vilches como interventor de ANDIS, por un plazo de 180 días, se inscribe en un contexto de reformas en la gestión de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El organismo, dependiente del Ministerio de Salud, tiene a su cargo la elaboración y ejecución de planes nacionales de inclusión, la administración de pensiones por invalidez y la coordinación de acciones intersectoriales para promover la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El gobierno nacional ha manifestado su intención de garantizar que estos beneficios lleguen efectivamente a quienes los necesitan y de erradicar prácticas políticas que han afectado históricamente a estos programas.

Con información de Infobae