YPF: la justicia de Estados Unidos ordenó entregar los chats y mails de Caputo y Massa
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a ordenar la entrega de correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. Se trata de una medida similar a la que había dictado en septiembre del año pasado. El objetivo es acelerar el proceso de embargo que impulsan los fondos Burford y Eton Park, demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF.
El nuevo pedido de información confidencial incluye a Sergio Massa, Santiago y Luis Caputo, así como a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales. La Procuración del Tesoro dijo que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”.
Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses.
El proceso judicial, conocido como discovery, involucró desde el año pasado negociaciones entre los abogados del Estado argentino y los fondos demandantes. En aquel entonces, Burford y Eton Park habían presentado una lista con 27 nombres, que el Gobierno intentó reducir en una contrapropuesta. Finalmente, la jueza Preska definió quiénes deben entregar su información.
Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el asesor presidencial Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
El Gobierno argentino rechazó el pedido, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud.
La Nación.