Reforma de la Policía Federal: fuertes críticas de constitucionalistas a los cambios de Bullrich

El Gobierno formalizó una reestructuración profunda de la Policía Federal Argentina (PFA) mediante el decreto 383/2025. El objetivo declarado es enfocar a la fuerza exclusivamente en la investigación de delitos federales y complejos.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional y penal cuestionaron, fuertemente, tanto el contenido del nuevo estatuto, como la vía elegida para su aprobación.

La nueva normativa establece una organización basada en dos grandes departamentos –Investigaciones y Coordinación–, junto a una reforma de protocolos y jerarquías. También otorga mayores competencias en inteligencia criminal y vigilancia digital.

La Policía Federal dejará de participar en tareas de seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires y concentrará su labor en delitos federales, en articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Mientras que el Ejecutivo presenta la reforma como una modernización eficiente y necesaria, varios especialistas en derecho constitucional alertaron sobre la legalidad del procedimiento y los posibles impactos sobre las garantías individuales.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que la medida es abiertamente inconstitucional. “El decreto delegado 383/2025, mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 [Ley Bases]”, afirmó. Según su interpretación, el Ejecutivo “está colegislando” y avanza en un terreno que la Constitución prohíbe.

“Mediante esa norma, el Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al Poder Ejecutivo a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”, explicó Gil Domínguez.

El especialista fue más allá al afirmar: “Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”. También alertó sobre “perfilamientos en base a características personales” y “requisas sin orden judicial”, y advirtió que la Policía Federal podría operar como “una suerte de inteligencia aislada del sistema de inteligencia formal”. Y concluyó: “Esto es Venezuela”.

Advertencias sobre derechos y libertades individuales

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, también mostró reservas sobre el alcance del decreto. Aunque reconoció su apoyo en la Ley Bases, opinó que “es dudoso que esto sea una reorganización de dependencias administrativas, que es lo que permite la Ley Bases”, y que en realidad “al amparo de este permiso, avanzan más allá”.

Gil Lavedra puso el foco en las atribuciones sobre entornos digitales y en la expansión de las capacidades de detención. “Los puntos que me parecen complicados son: ¿qué significa la prevención en los medios digitales? Dice que se protegen la libertad de género y la libertad de expresión, pero están patrullando las redes”, manifestó.

También expresó reparos sobre las detenciones por averiguación de identidad: “Se parece a las viejas detenciones por antecedentes, cuando la persona está en actitud sospechosa. Es una habilitación para detenciones que pueden ser arbitrarias”.

Sobre la función de “registrar y calificar a las personas” sospechadas de ciertas conductas, Gil Lavedra fue tajante: “¿Qué es esto? ¿Un registro de piqueteros? ¿De vendedores ambulantes? Me parece un paso atrás”.

Además, calificó la reforma como “una restricción en materia de derechos” y consideró que “se otorgan a la policía facultades muy opinables jurídicamente que restringen derechos indebidamente”.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con las críticas legales, aunque destacó de forma favorable el propósito de reorganizar la Policía Federal. “Lo primero que observé es que no se puede hacer por decreto, tiene que ser necesariamente por ley, porque es un tema absolutamente ligado a lo penal”, explicó. A su entender, tanto lo penal como lo fiscal “requieren, por nuestra Constitución, un principio de legalidad”.

Sabsay valoró el rediseño de la fuerza: “Me parece muy bien este reordenamiento. Es cierto que la Policía de la Ciudad ya está cumpliendo lo que hacía como policía local la Policía Federal. También es interesante que se cree una suerte de FBI argentino”. No obstante, advirtió: “Siempre que eso no sea utilizado para espiar a los adversarios y meterse en sus redes. Aparentemente estarían dadas todas las seguridades de que no, pero estamos en la Argentina, ¿no es cierto?”.

En tanto, el constitucionalista Antonio María Hernández, desde Córdoba, calificó la reforma como “groseramente inconstitucional". Viola el artículo 99 inciso 3, es antirepublicano. Este gobierno se maneja por decreto”.

Hernández anticipó posibles acciones judiciales: “Estamos hablando de temas muy delicados que afectan a la libertad de las personas, que aumentan el control sobre distintos aspectos. Están avanzando con autorizaciones muy generales y no queda claro a qué autorizan”.

Según su visión, el Congreso debe intervenir de inmediato. “Hace falta una ley; esto ya no es un gobierno híper presidencialista, sino directamente anticonstitucional”.

Críticas legales a la ampliación de facultades policiales

El abogado Alejandro Carrió también objetó el decreto desde el punto de vista legal, al considerar que invade competencias que, conforme a la Constitución, requieren legislación del Congreso.

“Toda restricción a los derechos de las personas debe tener como fuente una ley del Congreso”, sostuvo. En ese marco, recordó que las detenciones por averiguación de antecedentes están reguladas por la ley 23.950, que reemplazó al decreto-ley 333 de 1958. “La capacidad de retener a una persona por hasta diez horas está prevista en la ley vigente, pero con los medios tecnológicos actuales ese plazo resulta excesivo”, dijo.

Carrió también observó el uso de expresiones poco claras en el texto del nuevo estatuto, como la atribución de registrar y calificar a personas según sus actividades. “Es un lenguaje ambiguo, sin definiciones claras, y con una fuente normativa que no es la adecuada”, explicó.

En relación al patrullaje digital, Carrió señaló que el decreto no especifica quién determinará las pautas ni los límites de acción. “Eso genera incertidumbre sobre qué puede considerarse como información privada y quién lo determinará”, dijo. A su juicio, la imprecisión normativa y la falta de respaldo legislativo “podría dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad”.

Por su parte, el doctor Juan Del Sel, expresidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también subrayó que un decreto no tiene facultades para modificar una ley. No obstante, indicó que muchas de las modificaciones se respaldan “en legislación actualmente en vigor”, como disposiciones del Código Procesal y la posibilidad de detener por hasta diez horas a quienes no acrediten identidad. También mencionó la requisa urgente sin orden judicial y el allanamiento bajo ciertas condiciones.

Entre las principales objeciones, Del Sel apuntó contra la disposición que habilita a la Policía Federal a elaborar registros de “personas que usualmente hacen actividades ilícitas”. Anticipó que, en caso de judicializarse, probablemente se discuta su constitucionalidad. Sobre el monitoreo digital, aclaró que “ya está permitido y no es novedoso”.

Finalmente, el Club de la Igualdad-UCR manifestó su preocupación respecto del nuevo Estatuto, al considerar que “sin necesidad de autorización judicial permite hacer tareas de inteligencia en espacios públicos digitales, como redes sociales, con fines persecutorios y contrarios a la letra y espíritu de la Constitución Nacional y del Código Penal”, expresó la organización en un comunicado.

“El gobierno de Milei, presuntamente en aras de una proclamada libertad avanza antidemocráticamente y restringe cada vez más las libertades y garantías de un auténtico Estado de Derecho”, agregaron.

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