Trump revoca la autorización de Harvard para inscribir estudiantes internacionales

En una escalada significativa del enfrentamiento entre la Casa Blanca y la universidad más influyente de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump revocó la autorización que permite a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes internacionales. La decisión, anunciada el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), también exige que los alumnos extranjeros actualmente matriculados se transfieran a otras instituciones o enfrenten la pérdida de su estatus migratorio legal.

La medida se suma a una serie de acciones tomadas por la administración en abril, cuando congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones federales destinados a la universidad. Esa decisión se produjo apenas unas horas después de que Harvard rechazara de forma contundente las exigencias del gobierno de eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión, de vetar sus planes de estudios, así como de someter a los estudiantes internacionales a evaluaciones ideológicas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó públicamente la decisión en un comunicado difundido en la red social X, en el que acusó a la universidad de “fomentar la violencia, el antisemitismo y colaborar con el Partido Comunista Chino en su campus”. Según el DHS, Harvard pierde inmediatamente su certificación dentro del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), lo que le impide matricular a nuevos estudiantes extranjeros y obliga a los actuales a buscar otra institución para mantener su estatus legal.

Actualmente, alrededor de 6.800 estudiantes internacionales asisten a Harvard, lo que representa un 27% del cuerpo estudiantil. Esta cifra ha aumentado significativamente desde 2010, cuando era del 19,7%. Los estudiantes extranjeros no sólo contribuyen a la diversidad académica de la universidad, sino que también representan una fuente importante de ingresos: la matrícula anual asciende a 59.320 dólares, y con alojamiento y otros gastos el costo total puede llegar a casi 87.000 dólares.

Fuentes cercanas a la universidad, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que Harvard podría presentar una nueva demanda judicial contra el gobierno federal. La universidad ya había recurrido a la justicia el mes pasado para impugnar intentos del Ejecutivo de intervenir en sus políticas académicas, de admisión y contratación.

Hasta el momento, ni Harvard ni el DHS han ofrecido declaraciones adicionales a la prensa más allá de los comunicados difundidos en redes sociales. La decisión del gobierno se interpreta como parte de una estrategia más amplia para ejercer control sobre las instituciones académicas que, según la visión oficial, no se alinean con los valores nacionales promovidos por la administración Trump.

La controversia abre interrogantes sobre la autonomía de las universidades frente al poder federal, y plantea serias consecuencias para miles de estudiantes internacionales que ahora enfrentan un futuro incierto. Mientras tanto, Harvard se prepara para una nueva batalla legal que podría sentar precedentes clave en la relación entre el Estado y el ámbito académico en Estados Unidos.

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