Crece la preocupación por un hackeo a las bases de datos del Ejército

Mientras el Gobierno quiere usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior, crece la incertidumbre por un hackeo que habría sufrido el Ejército días atrás y que podría haber expuesto datos sensibles de 50.000 efectivos. Desde el ámbito castrense buscaron poner paños fríos al decir que no habría un impacto en cuestiones operativas.

El martes, el Ejército publicó un comunicado en el que decía que había recibido una serie de alertas sobre un incidente de seguridad que se encuentra en etapa de investigación. “La investigación preliminar indica que podría tratarse de acceso a datos de carácter administrativo que no comprometerían las capacidades operativas de la fuerza”.

Sin embargo, la preocupación crece en distintos ámbitos. Hay distintas versiones. Infobae afirma que llegó al Ejército un correo anónimo en el que se avisaba que contaban con los datos de 50.000 agentes del Ejército.

Lo que trascendió por ahora es que la información de la intrusión en las bases del Ejército la dio a conocer Birmingham Cyber Arms, que advirtió que hackers estaban vendiendo datos de 50.000 militares en Argentina.

La venta incluiría datos como los documentos de identidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, registros de viajes, diplomas, destinos e identidades de sus familiares. El hackeo dejaría en evidencia que el sistema es vulnerable.

“El hackeo está confirmado. Hace tres semanas entró un ransomware, pero recién ahora lo hacen público”, sostiene un ex funcionario del Ministerio de Defensa que sigue con interés el asunto.

 “Vendieron el edificio de Ciberdefensa. En la mudanza no están funcionando a capacidad plena y las bases de datos se volvieron vulnerables”, explica otra fuente que conoce el edificio Libertador. “A eso hay que sumarle una notable desinversión en el sector como consecuencia del achicamiento del presupuesto en defensa nacional”, agrega. La misma fuente sostiene que se desconoce el origen del ataque y que, por ahora, la estructura militar no se muestra capaz de detectar de dónde viene.

Si bien el Ejército en su comunicado afirmó que se solicitó la intervención del Poder Judicial, no se conoce si finalmente se inició una causa. También trascendió que el 8 de mayo pasado las autoridades del Ejército habrían radicado una denuncia ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal.

Todo indica que el hackeo, que no termina de ser confirmado oficialmente, revolucionó no solo el Ministerio de Defensa sino también el de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Dentro de la SIDE funciona la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que está a cargo de Ariel Waissbein.

El año pasado, cuando Milei resucitó por decreto la vieja SIDE, dijo que la AFC debería ocuparse de evitar las intrusiones en las bases de datos que venía sufriendo el Estado argentino. El fundamento de la introducción de este organismo es que en el pasado fueron hackeadas la Agencia de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. El año pasado, se hackearon las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Mientras corrían las noticias del hackeo, el ministro de Defensa, Luis Petri, publicaba en sus redes sociales que había estado de visita en Salta junto a dos diputados de La Libertad Avanza (LLA), María Emilia Orozco y Carlos Zapata. “Conversamos sobre la importancia de la Operación Roca para la provincia, una acción trascendental para custodiar nuestras fronteras a través del despliegue coordinado de todos los recursos del Estado y un trabajo interagencial”, escribió en X.

La Operación Roca implica no solo el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera, sino que también sus integrantes están facultados a detener a civiles. No se sabe si los militares están autorizados a portar armas, ya que las reglas de empeñamiento tienen carácter reservado.

Después de que se conoció la noticia, hubo malestar desde distintos sectores políticos que ven en la maniobra de Petri algo reñido con las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Hubo pronunciamientos en contra de Ricardo López Murphy, que preside la comisión de Defensa del Congreso, y también del exministro Agustín Rossi. 

"Para combatir la criminalidad común u organizada, están las fuerzas de seguridad federales y provinciales, que deberían tener el número suficiente y el equipamiento necesario para cumplir con su tarea. Este intento de convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas de seguridad 'bis' es, repito, violatorio de las leyes vigentes. Inconveniente porque ponen al personal militar a hacer tareas para los que no han sido capacitados. Inoportuno porque en un mundo con conflictos bélicos, en donde todas las Naciones fortalecen a sus FFAA, a Petri y a (Patricia) Bullrich, se les ocurre debilitarlas, convirtiéndolas en policías ", advirtió entonces Rossi.

Página12