Gremios docentes presionan para abrir la paritaria nacional y condicionan el inicio de clases
En plena cuenta regresiva para el comienzo del ciclo lectivo en al menos 13 provincias, los gremios docentes de alcance nacional presionan al Gobierno para reabrir la paritaria y aumentar el salario mínimo, que es hoy de $420.000.
Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, confirmó que aún no han recibido un llamado oficial a una mesa de negociación con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. “Nos dijeron que era probable que fuera la próxima semana, pero hasta ahora no tenemos confirmación de la paritaria”, explicó. “Debería ser urgente, o ya debería haber sido, porque empiezan las negociaciones en las provincias y todavía no hay ninguna resolución de la cuestión nacional”.
La discusión nacional permite, entre otras cuestiones, definir el salario mínimo docente en todo el país. Así, según señalan los gremios, aunque cada provincia debe llevar a cabo su propia negociación salarial, el monto fijado por el Gobierno termina condicionando la discusión local. “Cuando el piso nacional está bajo, también tira las otras negociaciones para abajo”, explicó Alesso.
“Tenemos una especie de confianza, creemos que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a tener la sensibilidad necesaria como para mejorar el salario de los trabajadores de la educación”, expresó Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA). Según indicó, aunque “hay conversaciones con el Gobierno”, la administración libertaria todavía no realizó una convocatoria formal para rediscutir el piso salarial.
En agosto, el Poder Ejecutivo fijó, a través de la resolución 689/2024, el salario mínimo docente en $420.000, monto que corresponde al cargo de maestro de jornada simple. La decisión se tomó ante la falta de acuerdo entre las autoridades de la secretaría que conduce Torrendell, el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) y los representantes gremiales.
Al momento de la definición, el monto determinado era levemente superior al valor de la canasta básica alimentaria, que, en julio de 2024, se ubicaba en $405.697,13 para una familia tipo. Ahora, sin embargo, se encuentra por debajo de la línea de indigencia ya que, según los últimos datos publicados por el Indec, dicha canasta tuvo un costo de $449.323,69 en diciembre.
Según registros de la UDA, para enero de 2025, los docentes cobraban ese salario mínimo solo en Catamarca ya que, como expresó Romero, los gobernadores han ido ofreciendo aumentos, pero el piso aún no alcanza a cubrir la canasta básica total en ninguna jurisdicción. “Algunas provincias han ido mejorando esto porque tienen esa facultad, pero en todos los casos, están por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo.
En diciembre, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la canasta básica total valía $1.024.435. Siguiendo los números de UDA, esto representa más del doble del salario que percibía en enero un docente no solo en Catamarca, sino también en Santiago del Estero y La Rioja. Incluso en Río Negro, la provincia con mejores salarios para el sector, según el gremio, el monto a cobrar ($931.186) estaba por debajo de la línea de pobreza.
En este contexto, los gremios piden al Gobierno por una suba del salario mínimo que permita mejorar las condiciones de la discusión con cada gobernador. Romero se reunió ayer con Sara García (AMET) y Fabián Felman (CEA) en la oficina de la secretaría de Políticas Educativas de la CGT y resolvieron presentar un escrito ante Torrendell y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para exigir la apertura de una mesa de negociación a nivel nacional.
En tanto, desde Ctera, también reclaman por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por considerar que su suspensión impacta de manera directa en los ingresos del sector. “Hay provincias que lo pagaron con fondos propios o que convirtieron ese monto en otro, pero la mayoría no pudo asumir el costo”, advirtió Alesso. Según sus cálculos, a valores actualizados, si el fondo continuara vigente, cada trabajador podría percibir alrededor de $180.000 adicionales.
La Nación