Bukele endurece las penas para delitos comunes y apunta contra la corrupción

El Congreso salvadoreño, de amplia mayoría oficialista, aprobó una ley anticorrupción y reformó el Código Penal para castigar esos delitos y otros, como homicidios y robos, con más años de prisión, extendiendo la política de mano dura que hizo popular al presidente Nayib Bukele entre la derecha de la región más allá de la crisis de la violencia y las pandillas.

La ley fue aprobada el viernes con los votos de 59 de los 60 diputados del Parlamento unicameral, que es dominado por Bukele, quien el año pasado asumió un segundo mandato tras un arrasador triunfo en las urnas pese a que la reelección consecutiva estaba prohibida por la Constitución. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se unieron a la iniciativa del mandatario. El único voto que no se alineó a la mayoría fue el de la diputada Claudia Ortiz del partido conservador Vamos, quien se abstuvo.

La nueva norma obliga a los funcionarios y empleados públicos del Estado a presentar, además de su declaración jurada anual, un informe sobre los activos y pasivos de su patrimonio, los cuales serán publicados por el Ministerio de Hacienda luego de 15 días. La obligación incluye a hijos y al cónyuge, ya sea por matrimonio o por concubinato.

En septiembre de 2021, el Congreso salvadoreño reformó el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar a los exfuncionarios por actos cometidos en los últimos 30 años.

 Con esta nueva modificación, el enriquecimiento ilícito se castigará con penas de entre 5 y 15 años de prisión (antes eran de entre 3 y 10) y el peculado, que conllevaba condenas de hasta 8 años, recibirá sentencias de hasta 12 años.

Para quien preste su nombre para adquirir bienes con dinero proveniente de la corrupción, se creó el delito de testaferrato, que tendrá una pena de 3 a 6 años de cárcel.