El Gobierno afina su estrategia y se esperanza con sus dos jueces para la Corte

Lo afirma un funcionario del Gobierno Nacional que conoce los pormenores de la estrategia del oficialismo para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia, habitada hoy por solo 3 de sus 5 miembros. Se refiere al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla, candidatos elegidos por el presidente Javier Milei para desembarcar en el máximo tribunal.

Con el tema incluido en el decreto para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, la estrategia oficial, requiere de varios pasos. El primero es aprobar el pliego de Lijo, quien ya tendría dictamen de comisión, con firmas de senadores kirchneristas.

El segundo paso es intentar exponer al adversario. “¿Aprobarán solo a Lijo? Será interesante ver cómo explican que no darán acuerdo para García Mansilla”, se despacha la fuente. No se trata de un escenario que inquiete, por ejemplo, a la oposición kirchnerista que ya blanqueó su propia estrategia hace tiempo. “Uno y uno”, es lo que quieren los senadores de Unión por la Patria, como ya contó este medio hace un mes cuando adelantó que el gobierno pensaba en incluir el tema en extraordinarias.

“Uno y uno” significa que el gobierno debería designar un candidato en representación de quienes quieren destruir el Estado desde adentro -según dijera alguna vez el propio Milei- y la oposición proponer a él o la candidata de quienes valoran el rol activo del Estado. Es una negociación de vía muerta. “No vamos a aceptar eso”, adelantan desde el Gobierno.

Posibilidades bien distintas

¿Cómo ve el kirchnerismo a cada candidato? “García Mansilla es predecible porque tiene un fuerte sesgo ideológico, votará siempre en modo libertario. Lijo -por su parte- es un juez que dialoga con el sistema y eso le juega a favor, estamos dispuestos a aportar votos”, resumió una fuente calificada del peronismo consultada semanas atrás para este mismo espacio.

Las posibilidades en el Senado de Lijo y García Mansilla, entonces, son bien distintas. Lijo ya tiene, según aseguran oficialistas y opositores, los nueve votos que le garantizan el dictamen de Comisión y conseguiría la mayoría especial que necesita para llegar a la Corte (dos tercios de los senadores presentes). García Mansilla todavía no.

Entre las firmas que respaldaron la candidatura de Lijo está la de la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner. También habrían dado su acompañamiento los referentes del peronismo de San Juan y de Santiago del Estero, entre otros, aunque las firmas nunca fueron exhibidas públicamente.

¿Y cual es el plan para García Mansilla? Si no logra las nueve firmas que precisa en la comisión de Acuerdos, el oficialismo tendría que forzar su tratamiento sobre tablas y allí intentar una quirúrgica ingeniería parlamentaria: conseguir el favor kirchneristas para lograr los dos tercios que se necesitan para habilitar el tratamiento, al que debería seguirle un segundo favor que implicaría el levantamiento de varios senadores de sus bancas para modificar los números necesarios para lograr la mayoría de dos tercios. Una jugada de billar que por ahora solo imagina el oficialismo y sobre la que nadie quiso opinar en la vereda contraria.

El decreto como último recurso

Un sector del Gobierno dejó trascender que de no lograr avanzar con la estrategia para obtener consenso para García Mansilla, el presidente podría recurrir a la cuestionada herramienta del decreto para designarlo en Comisión, a través de una particular interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional que dice que el Ejecutivo “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Los detractores de esta posibilidad, entre los que aparecen jueces, fiscales, diputados, senadores y constitucionalistas, remarcan que los jueces no entran en la categoría de “empleados” porque integran otro poder del Estado y que ese artículo puede aplicarse, por ejemplo, a la designación de diplomáticos.

A esa posibilidad, además, ya se le adelantó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez con un posteo en la Red Social X: “Vale la pena aclarar que constitucionalmente hablando si el Congreso está funcionando bajo el formato de las sesiones extraordinarias no está en receso, y por ende, no se puede designar a un juez de la CSJN en Comisión en los términos previstos por el art. 99.19 de la Constitución argentina”.

En tanto, para intentar evitar pataleos de macrismo -que hasta aquí se opuso a la llegada de Lijo a la Corte Suprema- el gobierno incluyó en el temario Ley Antimafia que ya tiene media sanción de la Cámara baja y es reclamada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y será acompañada por el espacio de los globos amarillos y otras como el juicio en ausencia, que el PRO siempre quiso promover, por ejemplo para la causa AMIA.

Sin dudas, la iniciativa más dirigida a contener reclamos del partido que fundó Mauricio Macri es la denominada Ley de Ficha Limpia, para que quienes tengan condenas en casos de corrupción con confirmación de segunda instancia no puedan ejercer cargos electivos. Se trata de una iniciativa que no se logró tratar en sesiones ordinarias por falta de quorum y que motivó una comunicación entre el Presidente y la diputada Silvia Lospennato. Así lo anuncio Adorni: “Operaron, difamaron, desinformaron. Otros simplemente no quisieron escuchar. Ficha limpia. Fin”.

Con información de C5N