El Gobierno tiene 48 horas para explicar cómo resguardará los archivos de la Conadi

La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de buscar a los bebés que fueron apropiados durante la dictadura. Creada en 1992, sus funciones fueron ratificadas por ley en 2001. Tres años después, Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual se creaba una UEI, que le permitía a la Conadi conducir investigaciones y acceder a los archivos en poder del Estado.

Desde el mes pasado se sabía que el gobierno de Milei preparaba un decreto para darle una estocada a la Conadi. La auxiliar fiscal Ana Oberlin le pidió a Kreplak que dictara una medida de no innovar para que no se perdieran los archivos que produjo o concentró la Conadi en estas décadas. Así lo hizo el juez el 8 de julio pasado.

La resolución de Kreplak

Ahora, Kreplak le dio 48 horas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –a cargo del exjuez Alberto Baños– y a la Conadi para que informe qué organismo quedará en custodia del acervo documental de la UEI y cómo está cumpliendo con la medida cautelar que dictó hace un mes y medio.

Según pudo saber Página/12, Kreplak le encomendó a la delegación platense de la Policía Federal Argentina (PFA) cumplimentar con su resolución. La diligencia debería realizarse durante la jornada de este viernes.

El juez federal de La Plata recordó la recomendación que firmó el miércoles la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, a raíz de una presentación de sobrevivientes y referentes del movimiento de derechos humanos. Allí, Mariano Borinsky –a partir de un relevamiento de su colega Alejandro Slokar– dispuso que “se arbitren los medios necesarios para garantizar la preservación de todo el material producido e incorporado” a los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad.

Milei contra la memoria

El argumento del gobierno para eliminar la UEI de la Conadi es que el Poder Ejecutivo no puede realizar investigaciones, ya que es una facultad del Ministerio Público Fiscal (MPF). De seguirse con esa línea de pensamiento, el Estado argentino no podría haber investigado qué pasó en los campos de concentración a través de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o no podría tener la Oficina Anticorrupción (OA), la UEI AMIA o la Unidad de Información Financiera (UIF).

Pablo Parenti, el fiscal titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), resaltó que nunca hubo señalamientos de jueces, fiscales o defensores contra el trabajo de la UEI. Lo mismo dijo en declaraciones a Radio Provincia la jueza jubilada María Roqueta, que presidió el tribunal que estableció en 2012 que en Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante los años del terrorismo de Estado.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo denuncian que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) busca obstaculizar la búsqueda de los nietos. El decreto que desmantela la Conadi al dejarla sin su unidad de investigación se conoció un mes después de que un grupo de seis diputados oficialistas hicieron un cónclave en la cárcel de Ezeiza con genocidas presos por crímenes cometidos durante la dictadura. En la reunión participaron, entre otros, Alfredo Astiz y Adolfo Donda, que fue condenado este año a quince años de prisión por haber participado de la sustracción de su sobrina, Victoria Donda Pérez, que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En su fallo de julio, Kreplak había hablado del carácter “insustituible” de la documentación producida y en poder de la UEI de Conadi. “El hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”, señaló.

Página12