En línea con gremios de diferentes sectores, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), que conduce José Luis Lingeri, anunció un paro por 24 horas el próximo lunes 11 de marzo, en reclamo por el despido de 300 trabajadores de Aguas y Saneamiento de Argentina (AySA) y el freno de transferencias del Tesoro nacional para cubrir gastos operativos de la empresa.

La medida de fuerza del gremio coincidirá con la anunciada para ese día por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ante la falta de acuerdo paritario con el Gobierno nacional respecto de las próximas mejoras salariales para los trabajadores del Estado.

Los planes de lucha sectoriales se enmarcan en la nueva estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que apuntala medidas de fuerza por gremios, mientras monitorea el humor social ante el ajuste del presidente Javier Milei y se reserva para jugar la carta de la convocatoria a un nuevo paro general.

El paro en Sanidad fue anunciado este miércoles por Lingeri, luego de una asamblea de delegados. Según informó, durante la jornada solo funcionarán las guardias mínimas.

De acuerdo con lo denunciado por el gremio, el “recorte de personal parte de la idea de que las gestiones pasadas han incrementado el personal innecesariamente”, pero según Lingeri “desde 2006 se ha mantenido una dotación estable hasta el 2017 que, con motivo de la incorporación de nueve partidos del conurbano que dependían de ABSA y que se encontraban con servicios obsoletos, se sumaron más de 1000 personas a la planta permanente de la empresa”.

“Esta incorporación impuesta por el entonces gobierno, expandió el radio de acción a 3300 kilómetros cuadrados totales, sumando a 3,4 millones de habitantes a la prestación de los servicios sin incremento alguno del presupuesto”, sostuvo el dirigente.

Además, Lingieri planteó que “los aumentos autorizados en la tarifa de luz (considerando que AySA es la mayor consumidora de energía eléctrica en el AMBA y quinta a nivel nacional) impactan fuertemente en los costos de la empresa, sobre todo, teniendo en cuenta que la tarifa de los servicios de agua y cloaca se mantiene congelada”.

“El Gobierno desde diciembre a la fecha no ha realizado ninguna transferencia del Tesoro para cubrir gastos operativos, frenando todas las obras que estaban en marcha. Este accionar ocasionó la desvinculación de más de 2000 trabajadores de cooperativas que se encontraban bajo los programas Agua y Cloaca + Trabajo, que eran financiados por organismos internacionales de crédito para dar los servicios a barrios vulnerables. Esto es asfixiar a la empresa”, denunció.