En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, un grupo de veinte organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración insistiendo en el pedido del tratamiento y rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. Entre los firmantes se cuentan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Protestante Hora de Obrar, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Red argentina de abogacía comunitaria (RAAC).

Para tales organizaciones “el Decreto 70/2023 no cumple los requisitos constitucionales para su validez”, subrayando que “no surgen de sus fundamentos argumentos suficientes que den cuenta de las circunstancias de fuerza mayor que impiden a las cámaras del Congreso debatir cada una de las reformas comprendidas en él” y “tampoco se explica adecuadamente la relación de causalidad existente entre los problemas identificados y las medidas que se disponen”.

Atendiendo a lo anterior las organizaciones aseguran que “el Congreso tiene el deber de rechazar este decreto y todos aquellos que en el futuro excedan los límites constitucionales, ejerciendo su rol dentro del sistema de frenos y contrapesos, así como de garantizar un debate parlamentario de calidad que asegure una participación ciudadana robusta”.

En la declaración se recuerda que “el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar” y que “si bien nuestra Constitución Nacional lo habilita a dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), solo le permite hacerlo cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.

Entre los argumentos para el rechazo se señala que el DNU en cuestión “efectúa una reforma legislativa masiva y sistémica”. Por tal motivo, se afirma, “dada su magnitud y trascendencia, los cambios normativos incluidos en él sólo pueden ser discutidos por el Congreso, que es donde están representadas todas las fuerzas políticas, incluidas las minoritarias”.

También firman la declaración la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), Consciente Colectivo, Comisión Argentina para Personas Migrantes y Refugiadas (CAREF), Democracia en Red y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Las organizaciones recuerdan que es “el debate legislativo el que proporciona oportunidades para la participación ciudadana, esencial para el fortalecimiento del sistema democrático” y es “justamente para evitar excesos en el uso de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia que nuestra Constitución diseñó un proceso de control legislativo posterior mediante el cual se debe determinar su validez o invalidez atendiendo a la adecuación de estos a los requisitos formales y sustanciales establecidos por ella”.

“Hoy el Poder Legislativo está en falta” afirma la declaración y recuerda que “el Decreto 70/2023 ya se encuentra vigente, proyectándose sobre aspectos sustantivos de nuestra vida en comunidad, al abordar cuestiones vinculadas a la salud, a la vivienda, a las relaciones laborales, a los contratos, a la economía y a las finanzas, entre otras”. Varias de estas modificaciones –dicen- “suponen una afectación a derechos individuales y colectivos de millones de personas, muchas de las cuales ya se encuentran ante la Justicia reclamando su suspensión e inaplicabilidad para sí mismas o para los colectivos que representan”.

Firman también la declaración Jóvenes por el Clima, Xumek y ANDHES, y las fundaciones SES, Mujeres x Mujeres, Igualdad, Ambiente y Recursos Naturales y Fundeps.

Página12