La Fundación Mujeres x Mujeres denunció esa situación ante la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia provincial, y pidió que se excluya las preguntas sobre abortos porque “son discriminatorias para mujeres y personas gestantes”.

A partir de la presentación de la ONG, la Secretaría, a cargo de Mario Racedo, abrió una investigación para determinar las razones por las que dentro de los antecedentes ginecológicos y obstétricos de postulantes a ingresar a un empleo público se incluye esa indagación tan personal.

“Siempre, para ingresar a trabajar en cualquier puesto del Estado hay que realizarse los exámenes pre-ocupacionales que tienen como propósito determinar si quien postula tiene aptitudes, según sus condiciones psicofísicas, para las actividades que se le requerirán en el trabajo. Estos exámenes preocupacionales son obligatorios y el formulario que se llena dice expresamente 'declaración jurada'”, señalóDeza a este diario.

El cuestionado formulario pertenece al Servicio de Salud Ocupacional Provincial. ¿Por qué razones se incluye esa pregunta? ¿Desde cuándo se hace? Estos interrogantes le formuló la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia al Sistema Provincial de Salud (Siprosa), del cual depende el Servicio de Salud Ocupacional, según pudo saber este diario. Todavía no obtuvo respuesta.

Si no hay una razón médica que lo justifique, no tiene que incluirse una pregunta sobre abortos. Sobre todo, dado que los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional aseguran que ninguna persona está obligada a declarar en su contra o a proporcionar información incriminatoria. Sin embargo, “en franca violación de esta garantía constitucional de resguardo de la intimidad y de respeto del principio de inocencia, el Gobierno tucumano exige estos datos sensibles”, advirtió Deza.

En ese sentido, la abogada alertó que cualquier mujer o persona gestante que busque un trabajo estatal en la provincia de Tucumán se enfrentará a la trampa de los siguientes interrogantes: “¿Corro el riesgo de mentir y accedo al trabajo? ¿Apuesto por conseguir un trabajo, pero corro el riesgo de ir presa? ¿Me arriesgo a la censura social de mis pares brindando información que produce estigma en muchos núcleos sociales porque necesito el trabajo? En lugares donde los legajos no tienen los resguardos de confidencialidad suficientes, ¿arriesgo mi integridad personal al brindar información que quizás ni mi familia conoce?”.

En un contexto político en el que el Gobierno que encabeza Javier Milei está abiertamente en contra del derecho al aborto, esa información “sensible” podría impulsar alguna investigación en la justicia contra quien admita que se hizo o tuvo algún aborto.

En su presentación, la Fundación Mujeres x Mujeres pidió a la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de la provincia que tome las medidas necesarias para que, tanto en el ámbito del empleo público --en todos los poderes del Estado-- como en el empleo privado, la información sobre abortos sea excluida de los formularios de ingreso en el ámbito laboral.

Página12