Ocurrió ya con las provincias y ahora puede extenderse al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de quitar los subsidios al transporte de colectivos que circula entre ambas jurisdicciones.

Mientras la relación con los gobernadores de varios distritos es cada vez más tensa por los recortes en los envíos de fondos, en la Casa Rosada la información fue confirmada por uno de los funcionarios cercanos al presidente Javier Milei. La semana pasada una medida similar provocó que en ciudades como Córdoba Capital el boleto aumentara el sábado un 105%, llegando a los $ 700. Lo mismo pasaría en otros distritos del Interior.

“Puede haber quita de subsidios, aunque todavía no sabemos cómo ni cuándo”, aseguró la misma fuente. Tampoco se animaron a pronosticar cuál sería el incremento en las tarifas, si la iniciativa avanza. Las cámaras del sector, en tanto, aseguran que los fondos que deben recibir de las arcas estatales actualmente están frenados por el ministerio de Economía del cual depende la secretaría de Transporte. Describen la situación que atraviesan como “muy preocupante” y no descartan una reducción de servicios porque no pueden afrontar los costos.

Si el Gobierno adopta esta decisión sería un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y se enmarca dentro del plan de recortes desde Nación hacia las provincias. La idea primaria era la de reducir las subvenciones al transporte en un 35% aproximadamente durante el primer año de gestión mileista.

Durante 2023 los subsidios, de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, alcanzaron unos $951.987 millones con un incremento del 4,2% respecto al año anterior en términos reales. Unos $479.216 millones, casi la mitad, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). Ese fondo fiduciario creado en 2001, figura en la lista de los que posiblemente Milei elimine próximamente por decreto porque los considera “cajas negras de la política” debido a la falta de controles de parte del Estado.

El miércoles 14 de febrero las cinco cámaras empresarias de la región metropolitana (AAETA, CETUBA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA) le enviaron una carta al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, en la que expusieron sus dificultades operativas. Están relacionadas con lo que deben pagar en el mantenimiento de las unidades y también en el pago de salarios. Mañana los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) recibirán un bono no remunerativo de $140.000 y percibirán el mes próximo un aumento en sus haberes que alcanzará a los $737.000 de básico.

Los empresarios se quejan porque los subsidios, aunque se modificaron los valores de los boletos en febrero cuyo valor mínimo en el AMBA pasó de $76 a $270, no sufren variaciones desde noviembre. “Caputo tiene pisados los fondos”, le confesaron a Infobae desde una de las Cámaras y también señalaron que el margen de maniobra de la secretaría a cargo del cordobés Franco Mogetta “es muy limitado”. En promedio afirman que reciben $200 por cada viaje (allí tallan los descuentos por atributo social), otros $400 por el subsidio actual y que el costo total está en 1.000 pesos. Un desfasaje del 40% que el Gobierno aún no pudo resolver.

Ante este panorama el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es uno de los gobernadores que se mantiene en alerta ante las intenciones del gobierno. Por vía administrativa reclamó a Caputo que normalice la provisión de fondos. “Vamos a reclamar por estos fondos y a acompañar a todos los perjudicados por esta decisión política y arbitraria del Gobierno nacional”, sostuvo el gobernador en un acto la semana pasada en Pehuén Co, en el partido de Coronel Rosales.

Fue luego de que trascendiera que no se iba a girar el Fondo Compensador del Interior (FCI) para el transporte público, cuyo monto en el caso de la provincia de Buenos Aires roza los $900 millones.

“La quita del Fondo Compensador es una tragedia para el interior bonaerense, de un plumazo duplicaron el boleto en cada jurisdicción”, expresó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

El jueves pasado más de 40 intendentes de todo el país fueron al Congreso para hacer escuchar su queja por el mismo tema. Los jefes comunales de varios distritos de provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, San Luis, Formosa Chubut, Jujuy y Santiago del Estero dijeron que impulsarán un reclamo judicial por el incumplimiento del pacto fiscal aprobado por ley, al tiempo que proponen cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles.

“Todos pagamos un impuesto para que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado nacional recauda un tributo y se lo quedan allá”, sostuvo el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Infobae