En un minucioso trabajo del  economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, Marcelo Capello , que pondera en la misma cuenta recursos, nivel de endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y hasta exportaciones de cada provincia, y los contrasta con la situación que hasta ahora parece estar imponiéndose: la semana pasada, al ver que no tenía apoyo para el proyecto original de la ley de Bases, la Casa Rosada decidió sacar la parte fiscal del paquete y se reservó la facultad de llegar al equilibrio fiscal por otra vía, el ajuste. 

El informe revela que el Ejecutivo envió en enero apenas $ 200 millones de transferencias no automáticas a las provincias, en comparación con los $ 46.800 millones que había mandado el mismo mes de 2023, en términos constantes. Esto significó una caída de 99,5% en términos reales en todas las jurisdicciones y que 13 de ellas no recibieran un solo peso.

Las más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, muchas vinculadas al peronismo opositor. Pero también Córdoba -a pesar de tener funcionarios en áreas clave de la administración nacional- y los distritos gobernados por JxC, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.

En Santa Fe, por ejemplo, las exportaciones llegan al 35% de su producto, el máximo de las 24 jurisdicciones, y deberían apuntalarla hacia arriba, pero la provincia tiene al mismo tiempo un elevado nivel de gasto corriente: según los números al primer semestre de 2023, el ahorro sobre gasto fue de apenas 4,7%, de los niveles más bajos del país, sólo por arriba de Tierra del Fuego (0,04%), Río Negro (0,07%), Salta (2,1%) y La Rioja (3,6%). 

Otro caso es el de Santiago del Estero, la quinta menos expuesta a un eventual ajuste de la administración central. Habría que atender en este caso variables fundamentales como su condición de exportadora del 20% de su producto, o su tasa de ahorro corriente sobre gasto, la más alta de todo el país, un 57% explicado en parte porque es también la que menos la destina al personal, gastando en sueldos apenas 28,9% de sus ingresos, muy lejos de las que encabezan la lista de esos gastos: Río Negro (65,4%), Tierra del Fuego (64,6%) y Salta (63,2%).

¿Cómo prepararse para lo que viene? ¿Deberían las provincias hacer sus propios ajustes? Dependerá de cada caso, pero no parece tan sencillo desde la óptica política, porque la mitad de los gastos totales de estas jurisdicciones se va en salarios. Vale aquí un rasgo importante: los gobernadores pagan más sueldos del personal docente, de salud y de seguridad que la Nación. Y, como siempre en estos casos, se hace difícil separar lo necesario de lo excesivo. Jorge Colina, economista de Idesa, recuerda que de todo el universo de empleados públicos (unos 3,5 millones de personas, más de la mitad de los trabajadores privados), el 66% corresponde a las provincias; el 20%, a la Nación, y el 14%, a los municipios.

La Nación.