“Hay que frenar la ley ómnibus y suprimir el DNU”: uno de los jefes de la CGT enfrentó la reforma

“La institucionalidad de la Argentina hoy depende de esta casa”, indicó, a la vez que argumentó que la iniciativa del Ejecutivo “se fundamenta en falacias como que la Argentina es un aquelarre para plantear la emergencia en todos los aspectos de la vida y la sociedad”.

“Cuando se propone debatir todo es que no se quiere debatir nada. Hay que frenar la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en cada una de las Cámaras. La institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el 24 [de enero] vamos a venir a apoyarlos para decirle no a la ley y no al DNU”, subrayó el sindicalista, quien llegó acompañado al plenario de comisiones de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL).

Daer cuestionó, además, la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo por cuatro años. “Algo nunca visto en el país”, observó. Criticó también el paquete de privatizaciones de empresas del Estado y advirtió sobre los perjuicios de dejar de lado “el patrimonio estratégico” para la “capacidad argentina en términos de desarrollo”.

Respecto de la intención del gobierno de Milei de eliminar la fórmula de movilidad previsional, el gremialista enfatizó que “no se puede dejar a discrecionalidad el ajuste jubilatorio”.

Además, el gremialista también criticó en duros términos al DNU emitido por Milei, que desregula la economía y genera numerosos cambios en términos de derechos laborales, así como también limita la protesta. “El artículo 654 de la ley ómnibus habla de la ratificación del ilegal e ilegitimo DNU. El capítulo cuatro no ataca privilegios, ataca derechos individuales, colectivos, limita la acción sindical en el mayor momento de vulnerabilidad del país. Ataca a las economías regionales y desregula el sistema privado de salud. Tenemos que estar en un momento clave para nuestro país y consolidar su institucionalidad democrática”, pidió.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA autónoma también tuvo sus siete minutos de exposición en Diputados. Su foco estuvo puesto en “condenar la suma del poder público que está implícita en el DNU y explícita en el proyecto de ley”. “Desde nuestra central lo rechazamos de plano”, sentenció.

“No hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad sin democracia, no hay libertad sin soberanía de la nación. Ambos, el proyecto de ley y el DNU arrasan con estos conceptos. Queda una libertad solo como expresión. Por eso, hemos convocado el 24 de este mes a un paro general con movilizaciones en todo el país”, sumó.

Estas intervenciones se dan en la antesala del paro general convocado para el miércoles 24 al que adhirieron, entre otros, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que nuclea a los gremios de Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos, por lo que afectará al servicio terrestre y aéreo en todo el país. La protesta incluirá una movilización al Congreso Nacional, donde se prevé que hablen los líderes de la central sindical: Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

Las centrales sindicales se oponen principalmente a los cambios en la ley laboral que trae aparejado el decreto de Milei, y que incluyen nuevas alternativas a la indemnización por despido, la eliminación de las multas a los empleadores por falta o deficiente registración laboral, la desregulación del financiamiento a las obras sociales de los sindicatos y también restricciones a la huelga para distintos sectores como el de salud y el educativo. En las últimas semanas, no obstante, estas medidas fueron frenadas por cautelares dictadas por distintos tribunales del país, que pusieron en un paréntesis el capítulo laboral del DNU, hasta que la Corte Suprema de Justicia defina su constitucionalidad.

El plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados recibe este lunes a representantes de la sociedad civil, alcanzados por la iniciativa, tras aceptar un planteo en ese sentido por parte de los legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda, formulado a lo largo de la semana pasada.

El oficialismo no descarta aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero.

La Nación