Desde la Defensoría del Pueblo de Nación, su titular Mariana Grosso, señaló que pese a que el planteo de las empresas prestadoras de gas supone un incremento desde el 350% al 570%, se mantiene la incógnita respecto al impacto final en la factura de los usuarios, dejando fuera cuestiones como los ajustes mensuales que reflejen las variaciones de costos, la falta del traslado de los incrementos de tasas municipales, la falta de pagos del fondo compensador por menores ingresos, la compensación por tarifa social o deudas con productoras de gas.

“Las empresas presentan cuadros tarifarios desconociendo el nuevo precio del gas y la tarifa de transporte. Se desconoce, por lo tanto, el nuevo precio del gas, el transporte y la distribución”, expresó.

Por otro lado, Grosso destacó que según la encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC en el primer semestre del 2023, de los usuarios que cuentan con acceso a la red de gas, el 43,25% son pobres, 45,50% son pobres no indigentes y el 35,80% son indigentes. Mientras que los que no cuentan con ese acceso alcanzan el 64,20%, recordando que la garrafa de 10 kg, en el interior del país, se incrementó en más de un 100%.

“Imponer a los usuarios nuevos incrementos tarifarios implica analizar si están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes y es imprescindible tener en cuenta la capacidad económica financiera de los mismos. Hay usuarios que se endeudan para pagar sus facturas de gas y pagan altas tasas de interés y en la mayoría son los que se encuentran fuera del sistema bancario. Para garantizar el acceso al servicio público de gas, las tarifas deben ser asequibles. Los pagos por el servicio no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con la dignidad propia de toda persona”, advirtió.