Tensión entre Milei y gobernadores: la pelea por las transferencias discrecionales

Son las llamadas, justamente, transferencias discrecionales. Estos fondos van por un carril paralelo al de la coparticipación federal de impuestos, es decir el mecanismo que distribuye el dinero de la recaudación impositiva directamente a las provincias sin que el Poder Ejecutivo nacional pueda interferir.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso a los que accedió Clarín, las partidas totales correspondientes a “transferencias discrecionales” tienen este año un presupuesto asignado -crédito vigente- de 2,25 billones de pesos, equivalentes a 1,3 puntos del PBI. De ese total ya fueron asignados 1,7 billones.

En lo formal, hay quienes dicen que todos estos fondos tienen poco de “discrecionales” porque están atados a diferentes programas o acuerdos entre la Nación y las Provincias. Y también hay otros que dependen de líneas de crédito otorgados por organismos internacionales de crédito. En otras palabras, que el gobierno de Javier Milei no tendría mucho margen de maniobra para demorar o bloquear los desembolsos. “Si se rompen estos acuerdos se estaría incumpliendo el consenso fiscal y las provincias podrían ir a la Corte Suprema” dicen conocedores de los vericuetos por donde circula el dinero que va de la Nación a las Provincias. No es lo que piensan el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

Las principales partidas

De las transferencias discrecionales consideradas “corrientes” sobresalen, por orden de importancia, la partida correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente; el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (la parte de la coparticipación que el gobierno de Alberto Fernández le sacó a CABA para financiar el funcionamiento de la policía bonaerense) y la línea de asistencia financiera a Provincias y Municipios. (ver infografía)

También están las transferencias a Cajas Previsionales Provinciales; las llamadas Transferencias Varias que en principio se dedican a obras hospitalarias; la línea de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas; los fondos que llegan a la Ciudad de Buenos Aires (Ley 27.606) para financiar el traslado de la Policía Federal y los fondos denominados Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional (los famosos aportes del Tesoro nacional).

De las transferencias consideradas gastos de capital, aparecen como las más importantes estas:

Fondos para obras viales fuera de la denominada Red Vial Nacional; asistencia técnico - financiera y desarrollo de Infraestructura para el saneamiento; Asistencia financiera a Provincias y Municipios: infraestructura y equipamiento y apoyo para el desarrollo de obra pública.

Como se ve, muchos ítems identificables con la “obra pública” justamente lo que primero dijo Milei que quería recortar porque “no hay plata”.

Las transferencias discrecionales tuvieron, en el gobierno de Alberto Fernández, un ganador indiscutido: el gobernador Axel Kicillof. Un informe de la consultora Aerarium señaló que a octubre de 2023 “las transferencias a la Provincia de Buenos Aires pasaron del 42.6% al 43.2% de participación en el total de discrecionales. Muy atrás le siguen en importancia la ciudad de Buenos Aires (6,6%), Chaco (4,2%) y Santa Fe (4,2%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy.

Tal vez para anticiparse a los recortes que se vienen, la Provincia de Buenos Aires votó hace unas horas un fuerte aumento de impuestos. El Gobierno de Axel Kicillof logró apoyo de la oposición y de algunos libertarios para esta iniciativa. El impuestazo llega pocos meses después, como recordó el ex ministro de Economía de esa provincia, Hernán Lacunza, que el gobierno bonaerense subsidiara, por ejemplo, viajes de egresados alumnos de colegios secundarios.

Lo cierto es que detrás de cada una de estas partidas discrecionales hay alguna ley o algún convenio firmado por una, varias o todas las provincias. Pero no forman parte de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Justamente esta característica es la que utilizaría el Gobierno nacional para, eventualmente, bloquear las transferencias si no consigue el apoyo de los Gobernadores, para Ganancias y para el resto de las iniciativas que envío al Congreso.

“Primero vamos a cerrar la canilla y dejar de transferir fondos, y después nos sentaremos a discutir con cada gobernador” comentó esta semana a Clarín un funcionario directamente involucrado en la pulseada.

Es una incógnita cuál será la dimensión del recorte de partidas. La máxima es de 1,3 puntos del PBI. Los que defienden la legalidad y la no discrecionalidad de estos fondos admiten que por esta vía el tándem Milei-Caputo podría llegar a recortar un tercio de los fondos. Pero no más. En la Casa Rosada piensan distinto. “Los gobernadores quieren más fondos pero no quieren pagar los costos de reponer el impuesto a las Ganancias, o a los ingresos como lo llamamos nosotros, juegan a la política y no se los vamos a permitir” decían esta semana en el ministerio de Economía.

La lectura del Gobierno es que el impuesto a los ingresos es el más progresivo y existe en todo el mundo. Y que no hay motivo para resignar el dinero que genera en este momento en el que se hace imperioso bajar el déficit para apagar los motores de la inflación.

Clarín