Incertidumbre
El inicio de un nuevo mandato, que es una continuidad en la provincia pero un cambio significativo a nivel nacional, alteró la rutina propia del cierre de cada año. Según normas constitucionales, en ambos niveles de gobierno debe iniciarse en septiembre el trámite de aprobación del presupuesto de gastos y recursos para el año siguiente y concluir la tarea antes del cierre del período legislativo. La formalidad se cumplió ante el Congreso en pleno proceso electoral como en otras oportunidades pero con la intervención de un protagonista que cambió el rumbo de los acontecimientos. La escasa actividad que caracterizó el año parlamentario y ante el pedido del entonces candidato y hoy presidente Javier Milei no se avanzó en el análisis del proyecto girado en tiempo y forma. En consecuencia, también interrumpió el tratamiento del presupuesto provincial, al no tener determinadas las partidas coparticipables.
El gobierno nacional tiene habilitada la prórroga por la ley de Administración Financiera, que dispone que si al inicio de un nuevo ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, rige el que estuvo en vigencia el año anterior, determinando los ajustes que puede introducir el Poder Ejecutivo. Fija un límite bastante amplio para adaptar el esquema de gastos y recursos, a partir del cual ya las decisiones vuelven al Congreso. Se trata de una medida que se ha utilizado en 13 oportunidades en los últimos 40 años.
En el caso de Salta, en tanto, se debe sancionar una ley de prórroga, cuyo proyecto fue girado la semana que cierra hoy. La presentación fue realizada en sendas reuniones en ambas cámaras por ministros del Poder Ejecutivo. El de Economía, Roberto Dib Ashur, estima que la llegada de recursos coparticipables debiera seguir siendo normal pero no se puede hacer determinaciones respecto de las transferencias no automáticas que implican $47 mil millones en ítems como incentivo docente, Plan Sumar, Fondo compensador del transporte público, programa de mejoramiento barrial y Renabap. A los que se suman los ATN por valor de mil millones de pesos. La incertidumbre en torno de esas disponibilidades dificulta la tarea de proyectar un presupuesto nuevo por lo que se utiliza una herramienta que está prevista en el ordenamiento legal.
A las autoridades económicas provinciales les preocupa cuál será el destino del DNU que está en el centro de una polémica nacional y generando mayor conflictividad social. Esto ha sido explicado por el titular de la cartera de Hacienda ante los legisladores provinciales, convencido que se debe aguardar si se rechaza o aprueba en el Congreso de la Nación porque de allí “saldrá una nueva configuración normativa”.
La próxima será una semana de intensos debates en Salta . La oposición ya tiene dictamen en minoría en Diputados que contiene modificaciones importantes al presupuesto que se pretende prorrogar. Propone eliminar los superpoderes que tiene el Ejecutivo, facultado por la ley vigente a modificar el Presupuesto Ejercicio 2.023 y solo comunicar a la Legislatura hasta 10 días después de haber producido los cambios, aunque la experiencia de por lo menos las últimas décadas democráticas informa de casos en que tales modificaciones se oficializan por decretos que se emiten dos años después, para emprolijar la cuenta general de cada ejercicio.
El actual es un tiempo complejo caracterizado por la incertidumbre, un dato de la realidad nacional que atravesó el año que está cerrando.
Salta, 22 de diciembre de 2023