Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil: Seguridad detalló la "conveniencia de que no se prorrogue más la ley"
A partir del Proyecto de modificación de la Ley N°8097 “Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil” y sus implicancias para el sistema penitenciario provincial, el Senado recibió un informe sobre las condiciones de detención de los menores en conflicto con la ley por parte del Ministro de Seguridad y Justicia.
En reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, analizó las incidencias de la normativa propuesta y la complejidad de su aplicación, teniendo en cuenta que se busca pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio.
El ministro dijo que actualmente funcionan en la provincia distintos Centros de Atención Juvenil, uno en Capital, uno en Metán, uno en Orán y uno en Tartagal, todos para varones; un hogar de tránsito para mujeres en Capital y el instituto Michel Torino, dispositivo que funciona en Cerrillos.
En todos los casos los centros de atención son operados por 215 personas, entre personal civil y penitenciario, orientándose los esfuerzos para ir transformándolos de cárceles en hogares.
Agregó que existe una alta rotación con promedios de entre 30 y 40 menores alojados por disposición judicial, siendo al día de hoy un total de 28, de los cuales 20 son menores de 18 años, 4 no punibles (menores de 16) y 4 jóvenes adultos, que al haber cumplido la mayoría de edad y no tener lugar en la cárcel de mayores fueron derivados al instituto Michel Torino.
En este sentido Dominguez destacó que los menores se encuentran en establecimientos especiales que cumplen con estándares fijados por la legislación nacional. "No están detenidos en unidades con mayores, no tiene rejas por ejemplo, y estamos capacitando al persona penitenciario para que los traten de una manera diferenciadas porque lo que hay que pensar es que por su corta edad es preocupación central del estado que vuelvan a insertase en el seno de la sociedad”, dijo.
A su turno, la Dra. Danduch defendió la permanencia del artículo 5 del PL al considerar la necesidad de los estudios multidisciplinarios, dado que muchas veces se recibe a los menores en estado de mucha vulnerabilidad, con problemas de adicciones que en ocasiones determinan que no quieran ser recibidos ni por sus propias familias.
Finalmente, consultado por los senadores, el ministro sostuvo que a la fecha un total de 37 cargos judiciales no se pusieron en funcionamiento.
"Hemos presentado al Senado la conveniencia de que no se prorrogue más la ley y le formulamos observaciones en cuanto al régimen penal juvenil que apunta a la incorporación de un artículo que viene de Diputados. El mensaje importante para la sociedad es que es menester que la provincia adecue su normativa a la legislación nacional como a la normativa constitucional", manifestó Dominguez.
Por otro lado, el Ministro detalló que se acordó la necesidad de dos cargos: uno de fiscal y otro de defensor, al tiempo que señló que "no va a demandar mayores esfuerzos presupuestarios" pudiendo transferir personal con el presente convenuo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Del encuentro, encabezado por el senador Javier Mónico, participaron sus pares; Jorge Soto, Mashur Lapad, Walter Wayar, Manuel Pailler, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Carlos Rosso, Dani Nolasco, Emiliano Durand, Sergio Saldaño, Sonia Magno, Juan Cruz Curá y Carlos Ampuero. Junto a Domínguez asistieron, el Secretario de Justicia, Luis María García Salado, el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado y la Directora de Asuntos legales de la Secretaría de Justicia, Luciana Danduch.
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