El Estado nacional dio un paso decisivo esta semana hacia el reconocimiento del Pueblo Mapuche al admitir como "espacio sagrado" el lugar donde esta comunidad desarrolla tareas medicinales y espirituales en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, luego de una disputa territorial de larga data, enmarcada en una causa judicial que mantiene bajo prisión domiciliaria a cuatro mujeres indígenas junto a sus hijos.

Así quedó plasmado en un acuerdo sellado el jueves último entre referentes de comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén y funcionarios del Estado nacional en una mesa de diálogo, que deliberó durante algo más de ocho horas en la sede de la exESMA.
Se resolvió que el Estado nacional dará "cesión de uso" a la comunidad de un espacio que consideran sagrado, donde una líder espiritual realiza tareas de sanación para todas las comunidades mapuche-tehuelches.

"El propósito fundamental de esta medida es garantizar una convivencia pacífica entre la Machi (lidereza espiritual de la comunidad) en el Rewe (espacio sagrado) y los legítimos propietarios de la zona", en Villa Mascardi, destacó la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, quien encabezó la representación gubernamental de la mesa de diálogo, según consignó la agencia Télam.

Lo resuelto por el Gobierno esta semana impacta en la situación de cuatro mujeres mapuches detenidas hace casi ocho meses, procesadas por usurpación en una causa judicial atravesada por una larga disputa territorial, que arrastra desde el 2017 el asesinato del joven Rafael Nahuel a manos de agentes de Prefectura Naval.

Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill, Romina Rosas y Betiana Colhuan (considerada "machi" o líder espiritual del Pueblo Mapuche), todas integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, fueron detenidas junto a sus hijos en octubre del año pasado en un operativo de fuerzas federales y provinciales que logró el desalojo de varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en Villa Mascardi.

Pocas semanas después de los arrestos, la jueza Silvina Domínguez dictó el procesamiento con prisión preventiva de las mujeres por las usurpaciones del ex Hotel Mascardi y la propiedad La Escondida, algo que fue apelado por los abogados, pero rechazado por la Cámara Federal de Roca.

"La semana próxima se presentará un acuerdo conciliatorio ante la justicia, transmitiendo y mostrando lo acordado entre el Estado nacional y las comunidades mapuches a fines de que se extinga la acción penal -siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas del acuerdo-", expresó el jueves la Secretaría de Derechos Humanos.

Entre los puntos consensuados está la construcción de "tres rucas (casas) para la machi Colhuan: una para los pacientes y los elementos de la medicina tradicional mapuche, otra para sus colaboradores y la tercera para ser habitada por ella y su familia, con un permiso de uso del Parque Nacional Nahuel Huapi".

Con este avance de la mesa de diálogo quedó formalizado el acuerdo de palabra que ya se había alcanzado en febrero pasado y que permite allanar el camino de retorno de las mujeres a su lugar de origen y de Colhuan al "espacio de sanación".

Además, hacia el objetivo de frenar la litigiosidad en Villa Mascardi, el Estado aceptó tener una presencia activa en el lugar, con la instalación de oficinas de varios ministerios, que garanticen una "convivencia pacífica" entre la Machi y los vecinos "a quienes se les reconoce la propiedad de sus tierras y sus casas".

El resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otro terreno, "a definir en el marco de la mesa de diálogo en las próximas semanas".

Fuente: A24