El fiscal general Carlos Martín Amad ordenó la prisión preventiva del empresario Marcos Levín, José Antonio Grueso, Víctor Almirón y Enrique Cardozo.
Judiciales26/10/2022
Este martes, a instancia de un pedido formalizado por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos, de la Unidad Fiscal Salta, el Tribunal Oral Federal N°1, integrado para llevar adelante el juicio oral y público contra el empresario Marcos Levín, José Antonio Grueso, Víctor Almirón y Enrique Cardozo,
Ordenó la prisión preventiva de todos los acusados.
La medida, cumplimentada esta tarde, se aplica mediante la modalidad de arresto domiciliario. Por otra parte, y pedido de la fiscalía, se actualizaron los montos de embargos que ya habían sido ordenados en el procesamiento, con lo cual al empresario se fijó una suma de 2.400.000 pesos, mientras que la del resto quedó en 1.200.000.
Por último, el tribunal, ordenó la prohibición de salir del país a los cuatro acusados y la colocación de pulseras electrónicas, razón por la cual se libró oficio de lo dispuesto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El pasado 21 de octubre, el fiscal general había solicitado al tribunal la detención del empresario, el ex director de personal y de los ex policías Almirón y Cardozo en el marco de la causa “La Veloz del Norte II”, la que se encuentra en trámite ante ese tribunal.
El pedido se fundó en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del pasado 18 de octubre, oportunidad en la que ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal tras revisar las condenas dictadas en el año 2016 por el tribunal oral de Salta.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
Junto a la Escuela Técnica N°3142 de Cafayate y la Municipalidad, ambas empresas pusieron en funcionamiento la estación que permite la carga de celulares, inflar bicicletas y cargar agua para el mate.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
La congresal del PJ salteño aseguró que, más allá de que oficialmente se apoyó a Ricardo Quintela para la presidencia del partido a nivel nacional, “se sabe que el que pierde acompaña”.