El fiscal penal N° 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a dos jóvenes de 18 y 19 años y a un menor de 17 por el presunto delito de intimidación pública, en el marco de una investigación iniciada tras un hecho ocurrido en el Colegio Walter Adet.
Durante la audiencia de imputación, los acusados fueron asistidos por defensa particular y prestaron declaración, oportunidad en la que brindaron su versión de lo sucedido. En ese contexto, la Fiscalía solicitó el mantenimiento de la detención.
La causa tuvo origen en la detección de inscripciones en el baño de varones del mencionado establecimiento, cuyo contenido —de carácter intimidante— hacía alusión a la eventual concreción de situaciones violentas al inicio de la semana, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la inmediata intervención de las autoridades.
En el avance investigativo, y con autorización del Juzgado de Garantías 5, a cargo del juez Pablo Zerdán, se realizaron allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz de esta ciudad. Las medidas se concretaron con la participación de personal de la División Investigaciones Sur y dependencias policiales, en el marco de un operativo dispuesto para el esclarecimiento del hecho.
La fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años por el presunto delito de intimidación pública, en relación a un hecho ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India.
El imputado, en razón de su edad, prestó declaración acompañado por su madre y con asesoramiento técnico del defensor oficial Penal Juvenil 2. En ese marco, reconoció su participación en el hecho y manifestó arrepentimiento, señalando que no dimensionó la gravedad de su conducta.
Asimismo, con autorización de su progenitora y del Juzgado de Garantías interviniente, se procedió al ingreso al domicilio a fin de constatar la eventual existencia de elementos de interés para la causa.
Actualmente, el menor permanece alojado en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. En este sentido, la Fiscal destacó que la manifestación de arrepentimiento por parte del imputado no resulta, por sí sola, suficiente para disponer su libertad, en tanto deben ponderarse integralmente las circunstancias del hecho y los informes técnicos correspondientes.
Asimismo, se dispuso la realización de las evaluaciones interdisciplinarias previstas en el artículo 5 de la Ley N° 8097 —psiquiátrica, psicológica y ambiental—, cuyos resultados serán considerados a fin de resolver sobre la continuidad de la medida de detención.
