La Resolución N° 115/26 crea un protocolo de acción temprana y escalonada para los establecimientos educativos de gestión estatal y privada. La norma busca garantizar la protección de las trayectorias educativas y fortalecer la convivencia escolar con el eje en la corresponsabilidad de la familia.
La normativa es de aplicación inmediata en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y consiste en un marco unificado de acción para prevenir, detectar y abordar estas problemáticas en el ámbito escolar.
Su objetivo es dotar a las instituciones de herramientas claras y visibles para actuar de manera oportuna, coordinada y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco del Plan Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela.
Claves del nuevo régimen
El protocolo establece obligaciones concretas para las escuelas, los equipos docentes y las familias. Entre los puntos centrales se destacan:
