Por Aries, el coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pablo Del Pino, expresó el rechazo del organismo al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad y advirtió que la iniciativa podría resultar inconstitucional y contraria a tratados internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, explicó que el posicionamiento del instituto se basa en fundamentos técnicos y sociales. “Hemos realizado una declaración de rechazo a esta baja de la edad de punibilidad, primero por argumentos técnicos y luego por razones sociales”, señaló.
Del Pino indicó que la propuesta vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Según explicó, ese tratado establece el principio de progresividad y de no retroceso en materia de derechos humanos, por lo que una modificación de este tipo podría implicar una violación de compromisos internacionales asumidos por el país.
Además, advirtió que el proyecto también presenta problemas en su implementación, ya que prevé la creación de juzgados y fiscalías especializadas en un plazo de 180 días desde la sanción de la ley. A su entender, esa previsión resulta “ambiciosa o ingenua”, teniendo en cuenta las limitaciones estructurales del sistema judicial.
En ese marco, remarcó que en la provincia de Salta existen importantes desigualdades en el tratamiento judicial de menores en conflicto con la ley. Mientras que en la capital y el distrito judicial Centro funcionan fiscales, defensores y jueces penales juveniles especializados, en el interior provincial los menores se encuentran sometidos a un régimen “mucho más arbitrario y menos garantista”.
Del Pino sostuvo que esta situación responde a la falta de presupuesto, de instituciones y de dispositivos de acompañamiento para abordar los casos de menores en conflicto con la ley penal en distintas regiones de la provincia, como Anta, Los Andes, Orán o San Martín.
Finalmente, consideró que el debate sobre la baja de imputabilidad debe contemplar el contexto social del norte argentino. “Salta y las regiones del NOA son de las más pobres del país y con mayores niveles de desigualdad social, por lo que también hay que entender al delito como una consecuencia de esa desigualdad”, concluyó.
