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Avanza denuncia contra Petro por subir a cabecillas de bandas criminales al llamado “tarimazo” en Medellín
La investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara busca esclarecer la presencia de líderes armados y reclusos en el evento oficial, así como el posible uso de recursos estatales durante el encuentro.
El Mundo13/11/2025
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por la denuncia del concejal de Medellín Alejandro de Bedout sobre la participación del mandatario en el evento “Paz Urbana”, realizado el 21 de junio de 2025 en la capital antioqueña.
Este proceso se convirtió en el primero de carácter oficial impulsado por ese organismo contra un jefe de Estado en medio de un expediente identificado como No.6992.
La denuncia presentada por De Bedout señala “un hecho histórico” que coloca al presidente “contra las cuerdas”, al iniciar un proceso “real, abierto y con impulso probatorio”.
Este expediente examina la aparición pública de Petro en una tarima durante el citado evento, junto a reconocidos cabecillas de bandas criminales, así como la posible utilización de recursos estatales.
“Los representantes ordenaron practicar pruebas ante el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República”, precisó el concejal, con el objetivo de determinar si en “Paz Urbana” se emplearon fondos públicos, estructuras irregulares y si existieron actos de proselitismo político que buscaron encubrirse bajo políticas de paz.
Durante el desarrollo de “Paz Urbana”, transmitido por canales oficiales, participaron reclusos, integrantes de grupos armados urbanos y militantes políticos, todos bajo el respaldo de recursos públicos.
El concejal subrayó que “es el único proceso que hoy tiene contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro, y marca un precedente sin retorno”.
El expediente exige que sus actuaciones sean públicas y transparentes, además de sujetas a la revisión ciudadana.
“Nadie está por encima de la ley, mucho menos el Presidente”, remarcó De Bedout, reafirmando que enfrentan un reto considerable con el proceso judicial, que definió como una “batalla jurídica hasta el final”.
Comisión de la Cámara abre la investigación más avanzada contra Gustavo Petro por el “Tarimazo” en Medellín
En otro trino que acompañó con un video, De Bedout amplió la información sobre dicha investigación.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió abrir la investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por los hechos ocurridos durante el evento de paz urbana realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín, conocido como el “Tarimazo”.
Esta es la primera vez que un proceso contra el jefe de Estado alcanza este nivel de avance, según declaraciones públicas de Alejandro de Bedout, denunciante y representante.
La denuncia, presentada meses atrás por Alejandro de Bedout ante la Comisión, se centra en tres posibles conductas a determinar: participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas y presencia de estructuras criminales en un evento de gobierno.
De acuerdo con el representante opositor, la Comisión solicitó pruebas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República para verificar la autorización del traslado de personas privadas de la libertad y la existencia de avales, directrices o comunicaciones que hayan facilitado su participación.
“Mejor dicho, se los llevó el verraco, porque si se demuestra coordinación desde el alto Gobierno para la asistencia de actores no autorizados a un evento pagado con fondos públicos, las autoridades deberán responder”, advirtió de Bedout en el mensaje, en el que insistió en mantener el proceso abierto a la ciudadanía: “Este proceso tiene que ser público, visible y de frente a la ciudadanía como lo exige la ley”.
La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación marca un precedente, pues constituye, hasta el momento, el procedimiento más avanzado en curso contra un presidente en Colombia.
Entre las medidas ordenadas figuran la verificación de los “actos administrativos que autorizaron el traslado de estas personas privadas de la libertad”, los informes oficiales sobre el conocimiento y avales del Ministerio de Justicia y la revisión de las comunicaciones emitidas por la Presidencia a través de su Jefatura de Gabinete y Consejerías.
De Bedout subrayó que el Congreso, juez natural del mandatario, está dispuesto a ejercer sus competencias “sin miedo ni complacencia”, y reiteró que la investigación continuará en todas las instancias previstas.
Con información de Infobae
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