El Gobierno no suspende las auditorías y baja pensiones por discapacidad sin justificación

Los testimonios se repiten una y otra vez a lo largo y ancho de todo el país. Personas a las que les falta un brazo o una pierna; madres y padres de niños neurodivergentes o con síndrome de Down; hombres y mujeres que sufrieron algún accidente y los dejó incapacitados para poder trabajar, denuncian que el Gobierno les quitó la pensión por discapacidad sin previo aviso. En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -luego hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.

Antes de darse a conocer los audios del ahora exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que relata un sistema de recaudación de coimas que iban “directo a presidencia” y en donde “el 3% era para Karina”, Ámbito había dado cuenta de las denuncias por irregularidades y arbitrariedades en las auditorías.

Las cartas documento fueron enviadas en la mayoría de los casos a domicilios equivocados, sin lectura de braille para personas ciegas, con citaciones para el trámite a más de 200 km y con la exigencia de presentar documentación médica con solo una semana de plazo. De esta manera, las auditorías se transformaron en una verdadera barrera para las personas con discapacidad y derivaron en una quita del beneficio que consta del 70% de la jubilación mínima más el bono. Unos $290.000 por mes.

Ahora, la propia voz de Spagnuolo revela que las auditorías -que a pesar del escándalo siguen en pie- fueron y son el mecanismo para justificar un recorte sin precedentes en las pensiones.

Antes de la modificación de la ley había un tope de 75 mil pensiones en todo el país. Las personas con discapacidad debían esperar en algunos casos cuatro o cinco años para que se abra un cupo y percibir el beneficio. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei había cerca de 1,2 millones de beneficiarios. La cifra se incrementó porque se ampliaron los criterios de cobertura en línea con los nuevos paradigmas y resoluciones de Naciones Unidas, que en 2012 le impuso a la Argentina una mirada social de la discapacidad. El objetivo de las pensiones desde entonces es mirar a la persona como individuo, más allá de su entorno, para que logre una vida independiente, sin tener que ser sostenida por un familiar o tutor. La pensión por discapacidad es un piso que da el Estado para que las personas puedan desarrollar su vida de la manera más independiente posible.

El Gobierno oficializó aumentos en los impuestos a los combustibles desde septiembre

Quitas sin aviso

“Dar de baja las pensiones es mi trabajo”, se le escucha decir a Spagnuolo en uno de los audios. Es lo que Spagnuolo dice que le dijo a un enviado del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quien lo presionaba por ejecutar el recorte. De ese diálogo se desprende que las auditorías fueron el mecanismo que impuso el exfuncionario para prender la motosierra que le imponía Sturzenegger en el sector de discapacidad.

Ámbito tuvo accedo directo a decenas de testimonios de familias y personas con discapacidad que relataron, entre otras cosas, humillaciones en las revisaciones médicas de la auditoría, la quita de las pensiones sin previo aviso y la interrupción de los apoyos.

Micaela Herrera tiene 32 años y vive en José C. Paz: “A mí me auditaron dos veces. Fue muy horrible. Yo estoy en silla de ruedas. Tengo meningocele e hidrocefalia. Las médicas me miraban con asco. Me miraban las piernas y los pies por si los movía”.

Natalia tiene una hija con síndrome de down: “Mi hija tiene el Certificado de Discapacidad (CUD) pero nos sacaron la pensión porque tenemos obra social (que no nos cubre casi nada) y auto, que ni si quiera es cero kilómetro, es modelo 2011. Es una burla”.

“A mi hermano le mandaron la notificación, pero a una dirección incorrecta, por ende, nunca pudo hacer la auditoría”, relata María de Los Ángeles. Y agrega que en ANDIS le piden que envíen la documentación por mail y en ANSES les recomiendan que esperen a que ANDIS de la baja de la pensión para recién poder iniciar el reclamo, lo que provocará la interrupción del cobro del beneficio durante varios meses.

Es en esta burocracia quedaron envueltas las familias y personas con discapacidad, mientras temen dejar de cobrar y quedarse sin sus terapias.

Un trabajador de una delegación de ANSES de una ciudad muy importante de la provincia de Córdoba, quien pidió mantener su nombre en reserva, le relató a Ámbito cómo viven la situación en la Agencia: “Ayer un hombre en silla de ruedas, sin las piernas, me explicaba que no tiene casa, que vive donde puede y por eso no le llegó ninguna carta documento y le sacaron la pensión. Todos los días terminamos destruidos con mis compañeros. Porque sabemos que las pensiones que se suspendieron, si se solucionan, van a tardar varios en meses en empezar a cobrar otra vez”.

Valentina trabaja en una delegación de la Defensoría del Pueblo contó: “Hemos recibido una gran cantidad de reclamos y consultas de personas que recibieron la CD (carta documento), con mucho miedo y angustia. Y ahora estamos recibiendo a muchos que les suspendieron la pensión. Las consultas médicas eran sumamente humillantes y crueles. Lo que buscaban era que los beneficiarios renuncien a su derecho. Realmente es una gran tristeza”.

Fuerte respaldo del empresariado al plan económico del Gobierno

Auditorías a prestadores

Las auditorías no solo son sobre las pensiones. La gestión libertaria en la ANDIS también puso en la mira a los centros de apoyo y prestadores.

El plan Incluir, que depende de ANDIS, tiene una red de 1.200 prestadores en todo el país que funcionan como proveedores de la Agencia. Son los centros de apoyo, de día o educativos/terapéuticos que atienden a personas con discapacidad en forma gratuita a quienes no tienen obra social ni ningún tipo de cobertura médica.

Como parte del plan de recortes, la ANDIS también comenzó a auditar y dar de baja a muchos de estos centros, lo que dejó sin sus terapias y apoyos a los beneficiarios. Es el caso, por ejemplo, de un centro que brinda servicio de apoyo escolar hace más de 20 años. Los auditaron en el mes de junio y les observaron una cuestión administrativa sobre los legajos. En lugar de darles un plazo para corregir la presunta irregularidad, les dieron de baja sin notificación alguna.

Las familias y el propio Centro se enteraron porque dejaron de figurar en las planillas de la obra social y los pacientes fueron derivados a otros profesionales. “Los pacientes con discapacidad y sus familias fueron manipulados como objetos que se sacan y se ponen, sin miramiento por los vínculos y los procesos en curso”, señalaron desde el centro. “Esta situación se replicó en otros centros. Según tenemos noticia, la totalidad de los equipos auditados en el último período por ANDIS, siempre bajo una modalidad irregular, han recibido igualmente la baja, comprometiendo la continuidad del acompañamiento que venían recibiendo muchos niños y niñas con discapacidad”, agregaron.

Aumento cero

A la situación de las auditorías se suma la emergencia en todo el sector por la no actualización de los valores del nomenclador desde diciembre del año 2024, lo que derivó en un recorte sin precedentes en los aranceles para los prestadores. También en la interrupción de la cadena de pagos.

Acompañantes terapéuticos, integradores/as escolares, terapistas ocupacionales cobran en la actualidad salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que deriva en la interrupción de los apoyos y el transporte para miles de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.