El régimen de los talibanes en Afganistán ha pedido dirigirse a la comunidad internacional y los líderes mundiales interviniendo en la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York. Las autoridades del autodenominado Emirato Islámico han presentado esta petición a través de una carta firmada por su ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, enviada este lunes al secretario general de la ONU, António Guterres, a la que tuvo acceso al día siguiente la agencia de noticias Reuters.

El portavoz de Guterres, Farhan Haq, ha confirmado haber recibido la misiva de Muttaqi, en la que los talibanes informaban también del nombramiento de su portavoz en Doha (Qatar), Suhail Shaheen, como nuevo embajador de su país ante Naciones Unidas. La carta desautoriza a Ghulam Isaczai, el representante en la ONU del anterior Gobierno afgano, derrocado el 15 de agosto, que, según precisa el escrito, “ya no representa a Afganistán”.

Sin embargo, Haq informó de que el hasta ahora representante diplomático afgano ante la organización, Isaczai, había a su vez enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas en la que se detalla la lista de miembros de la delegación afgana para la sesión de la Asamblea General. Esto indica su intención de seguir representando a su país ante la organización internacional. Ambas cartas, la de los talibanes y la de la legación de las anteriores autoridades del país, han sido enviadas al comité de acreditación de la ONU para que decida sobre quién debe representar a Afganistán.

Es poco probable que los talibanes alcancen su objetivo de obtener dicha acreditación porque, para empezar, no está previsto que el comité encargado de concederla se reúna antes del próximo lunes, cuando concluirá la reunión anual de alto nivel de la ONU. Este comité se reúne tradicionalmente en octubre o noviembre para evaluar las solicitudes de acreditación de los países miembros, antes de presentar un informe para la aprobación de la Asamblea General antes de fin de año.

Incluso si esa reunión tuviera lugar de forma anticipada, las posibilidades de que Naciones Unidas acredite a un régimen que no ha sido reconocido por ningún Estado del mundo parecen nulas, pues el comité y la Asamblea General suelen actuar por consenso en lo que respecta a las acreditaciones.

En ese comité de la ONU se sientan nueve miembros, entre ellos China y Rusia, países que han mantenido contactos con la milicia fundamentalista y mostrado cierta inclinación a reconocer su gobierno. Sin embargo, otro de los asientos de esa comisión corresponde a un representante de Estados Unidos, lo que aleja aún más, si cabe, la posibilidad de que se satisfaga la demanda de los talibanes.

Si, contra estos pronósticos, la ONU aceptara la solicitud de los fundamentalistas y acreditara a su embajador, los talibanes obtendrían un éxito diplomático en su búsqueda de reconocimiento internacional. Este aspecto es vital pues de ese reconocimiento depende en parte el desbloqueo de los fondos de la ayuda internacional que, en los últimos 20 años, han apuntalado la frágil economía del país, hasta constituir en 2020 más del 40% del PIB afgano.

El propio secretario general de la organización, Guterres, había declarado, ya antes de recibir la carta de los fundamentalistas, que el deseo de los talibanes de que su Gobierno obtenga reconocimiento internacional es la única palanca que tienen otros países para presionarles en favor de un Gobierno inclusivo que respete los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas. Hasta ahora, los talibanes no han acompañado de hechos su discurso conciliador, sobre todo en lo que se refiere a las afganas. En la larga lista de miembros de su Ejecutivo, anunciada el siete de septiembre, no figura ninguna mujer.

Hasta que el comité de acreditación tome una decisión, el anterior embajador afgano, Ghulam Isaczai, permanecerá en su puesto, según el reglamento de la Asamblea General. De hecho, está previsto que este diplomático intervenga en el último día de la reunión, el 27 de septiembre. Sin embargo, la carta del régimen talibán, arroja una sombra de duda sobre esta intervención, pues no está claro si alguno de los Estados miembros puede objetar que el hasta ahora representante de Afganistán ya no tiene derecho a dirigirse a la Asamblea General de la ONU.

Cuando los talibanes gobernaron por última vez, entre 1996 y 2001, el embajador del Gobierno afgano que derrocaron siguió siendo el representante ante Naciones Unidas, pese a que la dictadura fundamentalista solicitó también la acreditación de un embajador, creando una situación que recuerda a la que ahora se plantea de nuevo.

El País