Las críticas del Presidente fueron después de que el jefe de gobierno porteño volviera a respaldar la presencialidad en las escuelas. Rodríguez Larreta dijo que espera que la Corte Suprema “dictamine en los próximos días” sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales hasta el 30 de abril. Manifestó además que la potestad de la educación en el distrito porteño “es de la Ciudad, no de la Nación”.

En respuesta, el Presidente afirmó: “Frente a los que niegan la verdad, asumamos que hay una realidad que nos corre, nos castiga, nos contagia y hasta nos mata. Tenemos que ser cuidadosos para sufrir lo menos posible en este tiempo tan trágico que nos toca vivir”.

Uno de los planteos que debe resolver la Justicia es la presentación que hizo el lunes el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, que busca que se desactiven las clases presenciales en Capital Federal que estaban suspendidas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por la segunda ola de contagios de coronavirus. El mandatario espera un fallo favorable al Gobierno de parte del juez Esteban Furnari que resolvería el caso en las próximas horas.

Además la Corte Suprema debe definir sobre un amparo que interpuso la ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales. Con este recurso la administración de Rodríguez Larreta busca “que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive”, sostuvo la ciudad de Buenos Aires en un comunicado.

Promulgaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias

El mandatario hizo estas declaraciones durante el acto en Casa Rosada en el que anunció la promulgación de la ley de cambios en el Impuesto a las Ganancias, sancionada a principios de mes por el Congreso. La norma eleva a $150.000 brutos mensuales el nuevo mínimo no imponible. De esta manera cerca de 1,7 millón de empleados en relación de dependencia y jubilados dejarán de estar alcanzados por el tributo.

La promulgación era un paso fundamental para que empleados en relación de dependencia y jubilados con ingresos menores a ese monto quedaran desafectados del gravamen y recibieran devoluciones que promediarán los $7893, por las retenciones que se hicieron durante el primer trimestre en concepto de este impuesto.