Se trata de la causa contra “Villagrán, Pedro Dilmar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

La jueza consideró que se encuentra seriamente comprometido el interés nacional con una clara afectación al erario público nacional y la salud pública de toda la población argentina.

La decisión fue adoptada luego que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio requiriera la competencia de la justicia ordinaria para intervenir. Previamente había requerido a la Fiscalía Federal actuante la remisión de la investigación, siendo rechazado tal planteo.

La jueza si bien compartió el fundamento del órgano acusador provincial en cuanto no resulta adecuado ni tampoco ajustado para una recta administración de investigación, el desdoblamiento de dos fiscalías en este caso (federal y provincial) por la posible violación a principios de raigambre constitucional, porque en la investigación de todos los sucesos descriptos existe un único designio criminal. La jueza disintió con la Fiscalía provincial, sosteniendo que la jurisdicción federal, aún de excepción resulta ser la adecuada para la investigación en la materia, basándose para ello en la ley 27541, decreto 260/20 (Resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación) “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina” y el artículo 116 de la Constitución Nacional.

La jueza tuvo en cuenta precedentes de otras provincias y el antecedente en la causa por el denominado paciente 0 de Salta, en el cual la magistrada hizo lugar al pedido de incompetencia del órgano acusador provincial para remitir la investigación al fuero federal.