Por entonces existía una fuerte polémica pública por la decisión de una cámara de casación bonaerense que favorecía la salida de detenidos para prevenir contagios del coronavirus Covid-19. Homicidas y violadores recibieron ese beneficio en Buenos Aires hasta que una fuerte reacción social, exteriorizada con un masivo cacerolazo, derivó en mensajes de autoridades oponiéndose a esa decisión judicial y una resolución de la Suprema Corte bonaerense que puso freno a esa situación. Sin embargo, la revuelta en Devoto parece haber alcanzado en silencio sus objetivos. Desde esa toma de la instalación penitenciaria dejó esa cárcel el 25% de los alojados.

Según un informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, salieron de las instituciones carcelarias federales 2185 personas entre el 12 de marzo y el 31 de mayo. Otro documento de la Procuradoría de Violencia Institucional (Procuvin) agrega que otros 374 detenidos abandonaron los presidios federales en junio pasado. En ambos organismos se consignaron esos egresos "dentro del contexto de la pandemia".

De esos 2559 presos solo se documentaron 288 casos de cumplimiento de la pena o absolución. 

En el penal de Devoto, foco de las protestas de los presos y centro de las mesas de diálogo con autoridades políticas y judiciales, dejaron sus celdas casi 500 detenidos, consignados en los informes como procesados y condenados.

La salida de presos de las unidades del sistema federal fue seguida de un menor ingreso a esos penales, por lo que por primera vez en muchos años tienen plazas libres, con algo más de 11.000 internados. Ese es un punto importante a tener en cuenta, porque los beneficios especiales para detenidos durante la etapa de aislamiento social obligatorio -libertades anticipadas o prisiones domiciliarias- se sustentaron en la idea de una sobrepoblación carcelaria que aumentaría los riesgos en la pandemia del Covid-19. Aunque, a cuatro meses del inicio de la cuarentena, eso parecería no haber ocurrido.

En el penal de Devoto se registraron 25 contagios y en todo el sistema federal la cifra de infectados por el coronavirus tras las rejas suma solo otros cuatro casos, según un reporte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Al 14 de julio pasado, en las prisiones dependientes de Buenos Aires se notificaron 10 episodios. Con más de 3000 muertes en la Argentina, los presos liberados por el riesgo de contagio podrían encontrarse hoy en mayor peligro en las calles que en sus celdas.

Los jueces de ejecución penal de Buenos Aires, en tanto, otorgaron beneficios a unos 2000 presos durante la etapa de la cuarentena, especialmente en abril pasado, antes de que la reacción social derivase en una resolución del tribunal superior de esa provincia, que frenó amparos colectivos. 

En el sistema federal una importante cantidad de egresos de detenidos se dio en los meses de mayo y junio. Coincide con el período en que aumentó la curva de delitos en el conurbano, expuesto en las estadísticas criminales de la Procuración General de Buenos Aires. Pese a las medidas de restricción social de movimientos, con menos uso del transporte público y varias actividades económicas cerradas para evitar contagios, el nivel de robos en junio se acercó al registro del mismo mes del año pasado, cuando la circulación de personas y mercaderías era normal.

Varios presos que obtuvieron un beneficio judicial durante la cuarentena volvieron a ser detenidos. Eso ocurrió en el caso de Jorge Ríos, el herrero jubilado que mató a uno de los ladrones que lo habían atacado en su casa, en Quilmes. Uno de los integrantes de esa banda, detenido en los últimos días, había sido liberado del penal de Florencio Varela en el contexto de medidas preventivas ante la propagación del Covid-19.

La Nación