Opinión20/11/2026

Fragilidad

Cuando hay señales concretas de que las cuentas nacionales entran en déficit primario y financiero en diciembre, el Congreso sancionó una reforma integral del régimen de discapacidad. Le tocó al Senado dar la sanción definitiva y lo hizo por unanimidad, luego de un extenso debate.

La decisión reabre una tensión estructural entre la voluntad legislativa, la urgencia social y la sostenibilidad fiscal que atraviesa a la Argentina. Aunque la norma busca reemplazar la lógica transitoria de la emergencia por un marco permanente en materia de pensiones, cobertura sanitaria y compatibilidad laboral, su eficacia real queda puesta en duda cuando choca con la restricción presupuestaria y el debate sobre el equilibrio fiscal.

La normativa aprobada otorga carácter permanente a los mecanismos de financiamiento y asistencia para titulares del Certificado Único de Discapacidad. Garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas. con un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima y actualización mensual vinculada a la movilidad jubilatoria. Fija un nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de los prestadores según el Índice de Precios al Consumidor.Otra disposición relevante es que prohíbe que las partidas destinadas al área disminuyan en términos reales respecto del año anterior y obliga al Ejecutivo a fijar un cronograma para saldar las deudas atrasadas con instituciones y profesionales.

El punto crítico radica en la relación entre lo que se sanciona en el recinto y lo que efectivamente se financia en la ley de leyes. Cuando el Ministerio de Economía no contempla los recursos necesarios en el proyecto de Presupuesto 2027 o advierte sobre la alteración de las metas fiscales, el riesgo de que la norma haya nacido debilitada —o directamente expuesta a un veto presidencial o a una aplicación retaceada— se vuelve tangible. Una ley que asume compromisos financieros sin respaldo claro pierde credibilidad institucional, se torna frágil y alimenta la frustración de quienes dependen de un sistema ya castigado por la inflación y las demoras.

El dilema no es menor ni admite respuestas simplistas. El orden fiscal es un pilar indispensable para estabilizar la economía nacional, contener la inflación y evitar crisis recurrentes que terminan golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la consistencia de un programa económico no puede medirse únicamente por el recorte o la contención del gasto, sino por la capacidad del Estado de asignar prioridades con transparencia, previsibilidad y realismo presupuestario, evitando tanto las promesas imposibles como el desfinanciamiento de políticas sensibles.

La discusión en torno a esta ley expuso un problema recurrente de la institucionalidad argentina: la distancia entre la sanción formal de un derecho y la viabilidad concreta de su financiamiento. Legislar sin asegurar fuentes genuinas y sostenibles debilita la calidad institucional, mientras que sostener el equilibrio fiscal a costa de postergar indefinidamente obligaciones básicas erosiona la cohesión social y la confianza pública.

“Este es un paso estratégico que está realizando el Senado y que parte de un acuerdo de todos y de lo que siempre llamamos políticas de estado: el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad”, es lo que dijo la jefa del oficialismo Patricia Bullrich. Desde la oposición más crítica recordaron  el veto anterior del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.

La unanimidad de la votación alienta a creer que se entiende que la consolidación de reglas estables y políticas públicas duraderas, debe superar la dinámica del choque permanente para alcanzar una ley confiable, basada en rigor técnico, responsabilidad fiscal y compromiso real con su cumplimiento. La sociedad debe erigirse en un elemento de control de que lo acordado con mayorías significativas se convierta en una declaración de intenciones y no alcance el cuerpo de una política efectiva.

Salta, 20 de noviembre de 2026