Política Por: Mariana Frías19/11/2026

El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad

Con 71 votos a favor, la Cámara alta convirtió en ley una iniciativa que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar las pensiones no contributivas y establecer mecanismos permanentes de financiamiento. 

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, con 71 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La iniciativa establece un marco permanente para garantizar la continuidad de las prestaciones, mejorar el financiamiento del sector y brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad y a las instituciones que prestan servicios.

La aprobación respondió a la decisión del oficialismo de avanzar con una legislación de carácter permanente, en lugar de prorrogar la emergencia en discapacidad impulsada desde la oposición. El texto incorpora mecanismos de financiamiento, coordinación entre Nación y provincias, transparencia y control del funcionamiento del sistema.

Uno de los principales cambios se encuentra en el régimen de pensiones no contributivas. La ley incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre quienes pueden acceder al beneficio y establece criterios de residencia, ingresos y evaluación socioeconómica para determinar su otorgamiento.

Además, fija que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con una actualización automática vinculada al régimen previsional.

Otra modificación relevante es la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal. Las personas beneficiarias podrán trabajar sin perder la prestación, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia presupuestaria, la legislación establece que las futuras leyes de presupuesto deberán contemplar recursos suficientes para sostener las prestaciones. También dispone que el ingreso por beneficiario no podrá disminuir en términos reales respecto del ejercicio anterior.

Si los fondos asignados resultan insuficientes, el Poder Ejecutivo estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura.

La norma también asegura a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. La disposición apunta a sostener los tratamientos, los servicios especializados y la atención integral de las personas con discapacidad.

En cuanto a la organización del sistema, se establece una coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que participará en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Además, se incorporan obligaciones de capacitación para el personal de las instituciones y prestadores que integran el sistema de atención.

La ley dispone auditorías periódicas sobre las pensiones por discapacidad y exige publicar información sobre ejecución presupuestaria, aranceles y cantidad de beneficiarios, mediante formatos abiertos y accesibles.

Por último, establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores, en respuesta a uno de los reclamos de las entidades que brindan servicios de rehabilitación, atención y acompañamiento.