Orfandad
La tarea reformista, propuesta en su origen como un hito de modernización institucional para actualizar el texto de 1988, derivó en un nuevo síntoma de la profunda desconexión entre la dirigencia política y la ciudadanía. Lo que debió ser un ejercicio democrático ejemplar de debate ciudadano sobre los pilares del gobierno municipal se transformó en un litigio de pasillos, un ajuste legislativo a libro cerrado y una prueba cabal de la crisis de representación que atraviesan las instituciones democráticas.
El proceso constituyente municipal abordó una agenda de cuestiones que no fue la más acabada pero, al menos, llegó a alcanzar el objetivo que venía persiguéndose desde 2011. Hubo cuatro ordenanzas formales aprobadas por el Concejo Deliberante para declarar la necesidad de reforma de la Carta vigente por Ley 6.534. Los tres primeros avances normativos quedaron truncos sin llegar a elecciones de convencionales; el último, logrado en diciembre de 2024, es el que permitió el proceso electoral de 2025 y la posterior convención reformadora.
Vale repasar la tarea del Concejo Deliberante en este orden, porque refleja el impacto de intereses que no necesariamente responden a los de la sociedad. En diciembre de 2011 se sancionó la ordenanza que proponía adecuar el municipio a las competencias derivadas de la reforma constitucional nacional de 1994. Nunca se convocó a elecciones, aunque bajo esa norma, el entonces intendente Miguel Isa creó por decreto una Comisión Consultiva que no llegó a nada. En 2022 hubo otro intento sobre el cierre del período ordinario de sesiones pero el esfuerzo no alcanzó para que en las elecciones de 2023 se convocara a integrar la Convención que reforme la Carta incorporando nuevos tópicos en discusión como ficha limpia, código de ética, acceso a la información pública, además de la obligada adecuación a una Constitución Provincial reformada. Desacuerdos políticos con el Ejecutivo municipal y el adelantamiento de elecciones provinciales a mayo de 2023, frustraron el proceso.
2024 fue el año más fructífero en esa materia porque se sancionaron dos ordenanza. La primera fue en octubre y modificó parcialmente la convocatoria de 2022 para sumar la creación de la Banca del Vecino y fijar plazos obligatorios para la publicación de ordenanzas; pero no llegó a ejecutarse. En diciembre de ese año, a instancias del Ejecutivo municipal, se sancionó una ordenanza que recortó varios puntos de transparencia del proyecto de 2022, pero permitió llamar a elecciones de convencionales municipales para mayo de 2025. Quizás el oficialismo apostó a un triunfo electoral pero la Capital fue el distrito que quedó en manos de La Libertad Avanza y su reflejo fue la Convención, en la que los libertarios impusieron su mayoría para sancionar una reforma que está a punto de naufragar en la Legislatura.
La tarea de control que la Constitución asigna a senadores y diputados ha permitido que, en su primera revisión, la Cámara alta diera media sanción a una versión recortada que desestimó y mutiló diecisiete puntos y artículos centrales del texto aprobado. La oposición, como lo hiciera desde la única banca que tiene en el Senado, anticipó que dará debate en la sesión de este martes. Sin embargo, los argumentos jurídicos y políticos que se cruzan entre bloques quedan circunscriptos a una puja que se resuelve con la mayoría que favorece al oficialismo saencista. Los vecinos, en tanto, asisten al espectáculo como espectadores pasivos.
Esta reforma de la Carta Orgánica, ley fundamental del municipio, nació huérfana de debate público y participación popular. La indiferencia social no es un acto de desinterés espontáneo, sino el síntoma de una sociedad civil fatigada de ver cómo sus expectativas institucionales se diluyen en mezquindades dirigenciales.
Y son los representantes los que deben hacerse cargo de esa orfandad.
Salta 16 de noviembre de 2026.