Frontera
Luego de una jornada de enfrentamientos en Aguas Blancas, el interventor Adrián Zigarán advirtió sobre el aumento de la violencia entre bagayeros y fuerzas de seguridad. Reclamó soluciones urgentes y denunció la ausencia del gobierno nacional.
El vasto y complejo territorio salteño que colinda con Bolivia, atraviesa una coyuntura crítica de extrema vulnerabilidad institucional y social. Lo que históricamente ha funcionado como un espacio entrañable de intercambio cultural, comercial y de hermandad regional se ha transformado hoy en un escenario de altísima conflictividad cotidiana, donde la violencia latente amenaza con desbordar los cauces del orden público y socavar la paz social.
El funcionario municipal aseguró que hay controles desiguales sobre las empresas que operan en la zona, que profundizan los problemas un intercambio amenazado por los intentos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, de imponer medidas impositivas y aduaneras que, lejos de ordenar el comercio transfronterizo, son resoluciones burocráticas y restrictivas que funcionan como un acelerador de la crisis,. Por ahora se está asfixiando la economía de subsistencia de miles de familias, con un cepo normativo que desconoce la idiosincrasia y la dinámica propia de los pasos fronterizos del norte argentino.
El sector empresario y comercial de la región norteña ya está alzando su voz con demandas urgentes de soluciones estructurales, denunciando severos perjuicios económicos que paralizan la actividad formal y profundizan el retroceso productivo. Las pérdidas se acumulan dramáticamente en una cadena de valor regional que ve cómo el comercio legítimo queda rehén de la confrontación, la informalidad descontrolada y la parálisis institucional, erosionando el empleo genuino.
Frente a este cuadro de extrema gravedad, es imperativo dimensionar correctamente la naturaleza estructural del conflicto. No se está ante una problemática de índole municipal ni provincial que pueda ser resuelta mediante el despliegue policial local o la buena voluntad de la administración salteña. La seguridad fronteriza, el estricto control aduanero y la conducción de la política internacional exceden por completo las atribuciones, el presupuesto y los recursos del gobierno provincial. Salta no puede ni debe cargar en solitario con el peso de una crisis geopolítica y comercial de esta magnitud y debe seguir reclamando medidas conducentes para proteger esa parte del territorio propio y a una población que ve limitadas sus posibilidades de crecer con dignidad, aunque ; tal pretensión revelaría una preocupante ceguera y un profundo desdén por parte del poder central.
Por esta razón, urge de manera inalienable la intervención directa y coordinada de las cancillerías de ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, en diálogo bilateral con el vecino Estado boliviano, es el que debe encauzar un canal diplomático y operativo eficaz. Se requiere un riguroso acuerdo binacional que contemple tanto las exigencias de fiscalización tributaria como la subsistencia económica de las comunidades de frontera, estableciendo corredores seguros, pautas aduaneras razonables, previsibilidad legal y un marco de cooperación institucional permanente que garantice la gobernabilidad.
La frontera norte no puede seguir siendo tierra de nadie. La paz en Salta y la estabilidad en el límite con Bolivia requieren altura política, diplomacia activa y una gestión federal que entienda que la soberanía se ejerce cuidando tanto las cuentas públicas como el bienestar social. De lo contrario, la espiral de violencia seguirá escalando sin retorno.
Salta, 11 de noviembre de 2026