Excepción

El debate de este martes en Diputados repitió los cruces políticos y objeciones previsibles de la oposición, en este caso ante la emergencia hídrica que originalmente fue declarada en 2022, demostrando que la excepción se ha convertido en una regla en Salta.

La Cámara baja dio media sanción a una de las cuatro emergencias que rigen en la Provincia sobre áreas muy sensibles. El entramado de situaciones excepcionales que se vienen renovando anualmente abarcan la económica y administrativa, la seguridad sociosanitaria en el norte provincial, la de violencia social por cuestiones de género y hídrica, cuya prórroga pasó sin sobresaltos su primera revisión de este año en Diputados. Esta acumulación coloca a Salta en una posición diferente respecto de otras jurisdicciones del país; en general, las provincias vecinas apelan a la declaración de emergencia de manera acotada ante catástrofes naturales o shocks económicos imprevistos mientras que localmente se ha naturalizado un estado de excepción permanente que abarca múltiples facetas de la administración provincial.

Por ello es que los cuestionamientos formulados durante la sesión legislativa de este martes suenan sumamente razonables. El núcleo del problema no reside en la falta de reconocimiento de la escasez de agua —un diagnóstico estructural innegable—, sino en la ineficacia demostrada tras sucesivas prórrogas. La herramienta extraordinaria fue concebida para agilizar respuestas financieras y operativas inmediatas; sin embargo, en la práctica provincial se ha traducido en la flexibilización sistemática de los mecanismos de control, el acortamiento de los procesos de contratación pública y la elusión de las licitaciones transparentes.

El principal riesgo de esta metodología es el adormecimiento de la planificación estatal y es lo que algunas voces han planteado. Cuando la emergencia se perpetúa, los presupuestos ordinarios y los planes maestros de infraestructura pierden relevancia frente a la discrecionalidad del gasto urgente. Las obras hídricas de fondo —aquellas que requieren estudios de impacto, financiamiento de largo plazo y ejecución rigurosa— terminan postergadas por parches paliativos que apenas salvan la coyuntura. La persistencia de la falta de acceso a agua potable en diversos departamentos demuestra que no se resuelve flexibilizando controles administrativos, sino ejecutando inversiones sostenidas y auditables.

Gobernar bajo el paraguas ininterrumpido de la emergencia degrada la calidad institucional de la provincia. Desdibuja la división de poderes, debilita el rol fiscalizador de la Legislatura y expone las finanzas públicas a la falta de la rendición de cuentas. Si las herramientas ordinarias del Estado no alcanzan para garantizar el abastecimiento de agua o la prestación de servicios básicos, el desafío institucional consiste en reformar la administración y mejorar la eficiencia del gasto, no en prorrogar indefinidamente un régimen de excepción.

Es la intención que hace un año atrás ha manifestado el ministro de Economía, quien adelantó en declaraciones periodísticas en julio de 2025, que Salta podría dejar atrás la emergencia económica que declarara el entonces gobernador Hernán Cornejo en 1990 y que puntualmente cada noviembre sus sucesores buscaron prorrogar. Por supuesto que aclaró que tal decisión depende de si la provincia mantiene el equilibrio fiscal y del contexto nacional.

Lo cierto es que resulta indispensable abandonar de manera definitiva la práctica de gobernar mediante emergencias. Tratar cuestiones esenciales como una eterna contingencia administrativa sólo perpetúa situaciones que terminan erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Salta, 04 de noviembre de 2026