Opinión03/11/2026

Encrucijada

El avance inexorable del tiempo le da razón a los sectores que se están encerrando en el proceso de renovación de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. 

La endeble estructura de partidos políticos ha perdido su representatividad para liderar desde su posicionamiento doctrinario y desde su propia historia, en algunos casos más que centenaria, una tarea en la que la propia Constitución le da protagonismo.

Es así que estas instituciones tienen que salvar lo que les queda luego del desguace que la mayoría de ellas han sufrido, como consecuencia de legítimas pretensiones y de las ambiciones de dirigentes que aprovechan la ruptura del vínculo entre la política y la sociedad para intentar ocupar espacios en la conducción del Estado. A poco de ingresar en un año electoral, la tarea inmediata es la construcción de los espacios que sostendrán las candidaturas.

En la provincia hay una tarea intensa porque algunos partidos han perdido su personería política, atendiendo a los magros resultados electorales; es el caso del Partido Obrero, que hace un poco más de una década pudo incluso ocupar un escaño en el Congreso y actualmente no tiene ni una banca en concejos deliberantes. Otro caso es el de la Unión Cívica Radical, que está en la tarea de recuperar su identidad que quedó subsumida en alianzas que justifican alineamientos con sectores que en otros tiempos fueron antagónicos. Su actual rol opositor tanto ante el gobierno provincial o el nacional no se sostiene ni en acciones ni en propuestas.

No menos significativa es la situación del peronismo. En todo el país  transita una etapa de profunda indefinición estratégica que amenaza con anular sus chances de vertebrar una alternativa de poder sólida de cara al futuro político argentino. Desde la recuperación de la democracia, no es la primera vez que a nivel nacional fue desplazado del Ejecutivo pero en este período no se muestra como una oposición confiable.

Su dinámica interna está condicionada por la intención de reconstruirse -no sobre las banderas impuestas en su origen y que se enarbolan en cada proceso electoral- sino sobre la figura de una dirigente que cumple una condena por corrupción y tiene pendiente de resolución otras causas de naturaleza similar. Es cierto que Cristina Fernández es la dirigente más reconocible del peronismo de este primer cuarto del siglo XXI. Ejerció dos veces la primera magistratura del país e impuso la fórmula del último gobierno de esa extracción, en la que ocupó la vicepresidencia. Tiene un historial de logros de carácter social que son recientes pero también de fracasos que catapultaron la actual administración, que reivindica su condición de expresar la extrema derecha y bajo esa bandera lleva adelante un ajuste que afecta a los sectores más vulnerables.

Es así que el peronismo está ocupado en resolver esa situación demorando el debate sobre la propuesta que debe presentar a un electorado cada vez más renuente a participar de la decisión más elevada que tiene asignada, como derecho y como deber. No alcanza con marcar las deficiencias de la gestión en curso sino es necesario convencer que tiene en claro cuáles son las cuestiones que mantienen al país en una creciente decadencia pese a sus recursos. No se trata solamente de dificultades de índole económica sino especialmente de carácter político respecto de su ordenamiento interno y su alineamiento internacional.

No es un problema de liderazgos indiscutibles sino de la capacidad de construir y llevar adelante un programa económico y social superador frente a las severas dificultades del presente. Si bien esta obligación le cabe a todos los sectores que aspiran a acceder a la conducción de un gobierno, es exigible al peronismo que ya tiene espacios electivos desde donde debe contribuir a las soluciones más urgentes.

Defender una figura que tiene inhabilitados sus derechos políticos por encima de la estructura misma del movimiento, pone al peronismo en una encrucijada. De ella debe salir de inmediato porque no solo está en juego su destino electoral, sino su propia subsistencia como fuerza política vertebradora de la República.

Salta, 03 de noviembre de 2026