Condenan a choferes por trasladar un precursor químico para empresas de 3 países
Los dos choferes que intentaron sacar de la Argentina 35.144 kilos de acetato de etilo, un precursor químico usado para refinar clorhidrato de cocaína, fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión. El caso, que se originó en marzo de este año y que había llegado a juicio oral a fines de septiembre, terminó antes del debate: ambos choferes reconocieron el hecho y su participación en acuerdos plenos con la Sede Fiscal Descentralizada Orán.
Los acuerdos fueron homologados el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, que actuó de manera unipersonal. Nina González y Puma García, ambos de nacionalidad boliviana, aceptaron el hecho, la calificación legal y las penas propuestas por la fiscalía. La pena acordada quedó muy por debajo de los 9 años y 2 meses que el fiscal federal subrogante Marcos Romero tenía previsto pedir en caso de juicio.
Fueron considerados coautores de contrabando agravado por tratarse de precursores químicos y mediante el empleo de un documento adulterado, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de precursores químicos a zona de frontera sin autorización.
Además de la prisión, se acordó para ambos la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y sanciones accesorias basada en el artículo 876 del Código Aduanero. También se dispuso el decomiso de la sustancia y de los teléfonos celulares secuestrados, aparatos que fueron clave para la acusación. En el caso de Puma García, el decomiso alcanzó además al tractor del camión y al semirremolque usados en el transporte.
Una operatoria que involucra a tres países
La carga había ingresado desde Fray Bentos, Uruguay, y tenía como destino final Cochabamba. La operación comercial involucraba a empresas de tres países: Uruguay, Melinor S.A., primera transportista en la documentación. En cuanto al destino final, Bolivia, el caso involucra a la Cooperativa Tarija del Sur SRL, segunda transportista, y Corporación Mathiesen S.A., de Santa Cruz de la Sierra, destinataria final. Mientras que en Panamá figuraba como compradora original la firma Southpac Corporation.
El 16 de marzo de este año Gendarmería Nacional detectó el hecho al realizar un control en el paso de Aguas Blancas-Bermejo. Allí los dos camiones con 191 tambores, 95 en uno y 96 en el otro mostraron inconsistencias en el permiso de tránsito internacional del RENPRE. La documentación oficial señalaba que la carga debía salir del país, por Salvador Mazza y continuar hacia Bolivia. Además el cotejo con el organismo de control mostró que la documentación no coincidía con la autorizada y que había sido adulterada con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con las patentes de los camiones incorporadas para simular legalidad. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que se trataba de acetato de etilo.
Cooperación internacional
El caso demandó cooperación internacional mediante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que a través de la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), trabajó de forma directa con el punto de contacto de Bolivia.
Ese intercambio permitió incorporar documentación de una investigación que se desarrollaba en el país vecino, donde se habían allanado varios depósitos de acetato de etilo. Uno de ellos, en Cochabamba, pertenecía a la firma señalada como destinataria final de la carga incautada en la Argentina. Se determinó que ese lugar no estaba habilitado como depósito de sustancias químicas, lo que reforzó la sospecha de que el precursor podía ser desviado.
La investigación estuvo a cargo de Romero, con la auxiliar fiscal Alejandra Morales Barberá y el investigador Francisco Mena. También fue parte de la querella ARCA, representada por los abogados Rubén Melleresky y Pedro Parra.