Opinión30/10/2026

Relación

Luego de haber analizado dieciocho Cartas Municipales, cuya creación o modificación encararon sendas convenciones, el Senado se pronunció sobre la reforma de la norma que rige en la Capital. La oposición ratificó su propósito de judicializar el pronunciamiento legislativo cuando se complete.

El escaso interés que despertó la cuestión en los ciudadanos radicados en el principal municipio de la Provincia no se refleja en la atención que el saencismo le prestó a un proceso en el que intervino como minoría. Es que la ciudad de Salta es uno de los espacios electorales donde La Libertad Avanza ha obtenido desde 2023 sus grandes logros en las urnas, al punto que la Convención que trató la primera reforma de la Carta vigente desde 1988 fue dominada por ese sector.

Como era previsible, lo que no se obtuvo por su debilidad representativa en ese cuerpo, se está revirtiendo en el trámite de  control de constitucionalidad y compatibilización previsto en la Constitución Provincial. Su paso por la Cámara de Senadores marcó un camino que seguramente transitará la Cámara de Diputados para sancionar una Carta en la que las aristas ideológicas más afiladas estarán limadas. Pero también los cambios estarán compatibilizados con lo que dispone el ordenamiento constitucional nacional y provincial.

Tal es lo que fundamenta la intervención legislativa según el artículo 174 de la Carta Magna. Lo que se escuchó en el debate de este jueves en la Cámara alta es que “la autonomía municipal no significa soberanía». De allí la necesidad de verificar que la Convención no se haya excedido en las atribuciones conferidas por la ordenanza de convocatoria o en materias que no le competen.

El resultado es que de las 33 disposiciones impuestas sobre la Carta vigente, casi la mitad fueron modificadas en el análisis del Senado. A quienes realizaron un seguimiento de la tarea de reforma del texto que fue aprobado por la ley 6534, sancionada el 23 de diciembre de 1988, no sorprende la discusión suscitada en el tramo de control legislativo. En diversos momentos del debate desarrollado entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de este año, se advirtió al bloque mayoritario que estaba incurriendo en excesos al intentar imponer normas que no estaban incluidas en la convocatoria o excedían los límites constitucionales y fiscales.

Las insalvables diferencias expresadas en la Convención se prolongaron en la sesión del Senado provincial, donde los libertarios sólo ocupan una banca, que es precisamente la de la Capital. Al revertirse la relación de fuerzas, se pudieron introducir sin dificultades cambios y recortes al texto sancionado por los convencionales y la discusión se centró en la defensa de las facultades de revisión de la Legislatura y el reclamo de respeto a la voluntad popular, que fue en todo momento el muro detrás del que se parapetó La Libertad Avanza para incluir las reformas cuestionadas.

Del texto vigente, se modificaron 22 artículos y se derogaron 11 que fueron reemplazados por nuevos capítulos. El resultado definitivo es el que debe sancionar la Cámara de Diputados, hacia donde fue girado el proyecto de ley aprobado por el Senado.

El vecino capitalino no se mostró participativo pese a la importancia de la Carta Orgánica Municipal y, puntualmente, de las cuestiones que se trataron en la reforma. Solo para citar algunas que les atañen directamente debe señalarse la creación de la figura del Defensor del Pueblo, que ya venía funcionando por disposición de una ordenanza, el reordenamiento de los Centros Vecinales y la incorporación de nuevos derechos, entre ellos los vinculados a las personas con discapacidad y los consumidores. Pero también están en juego normas institucionales y solo para marcar algunas de ellas se puede mencionar la adecuación de los mandatos de las autoridades municipales a las disposiciones establecidas por la reforma de la Constitución Provincial de 2021 y la reorganización y actualización de las facultades municipales y del Concejo Deliberante.

El debate en curso también permite observar con atención la necesidad de mejorar la relación entre oficialismo y oposición. La calidad institucional exige un vínculo civilizado, sin la prepotencia de mayorías que siempre son circunstanciales.

Salta, 30 de octubre de 2026