Usó a un niño con discapacidad como supuesto nieto mientras vendía drogas
El juez Eduardo Raúl Sángari rechazó el pedido de prisión domiciliaria de una mujer imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de que la defensa argumentara que tenía a su cargo a un nieto con discapacidad. Sin embargo, un informe social advirtió que no existen documentos que acrediten el vínculo familiar ni constancias de que la acusada haya iniciado acciones legales para asumir su cuidado.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Pupilar, Guadalupe Salatín, expuso que la mujer afirmaba ser la abuela paterna del niño, pero sin documentación que respaldara esa filiación. Tampoco promovió un trámite de guarda que formalizara su responsabilidad sobre el menor.
Según se informó, en 2024 la imputada había firmado un acta compromiso para hacerse cargo de los cuidados del niño. No obstante, no inició las actuaciones legales correspondientes y, en septiembre de 2025, fue condenada a una pena de prisión condicional por otro hecho vinculado con la comercialización de drogas, en calidad de partícipe secundaria.
A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público Pupilar consideró que la mujer no reunía las condiciones para ser considerada una persona idónea para permanecer al cuidado del menor.
Riesgo de fuga y una condena anterior
El fiscal Leandro Flores también se opuso al beneficio. Sostuvo que existe un riesgo concreto de fuga, teniendo en cuenta la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo en la causa actual. Además, advirtió sobre la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, debido a que todavía quedan testigos por declarar.
Para la fiscalía, mantener la prisión preventiva resulta necesario para garantizar que el proceso avance hasta el juicio oral o una eventual salida alternativa.
Al resolver el planteo, Sángari coincidió con los argumentos de la acusación y del Ministerio Público Pupilar. El magistrado concluyó que no están reunidos los requisitos para conceder la prisión domiciliaria y consideró acreditados los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. Por ello, rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva.