Millonario embargo a POSCO por presunto esquema de estafas a proveedores salteños

La Justicia de Salta dispuso el bloqueo de cuentas bancarias y un embargo por millones de dólares contra la minera surcoreana POSCO Argentina, en el marco de una causa civil que investiga presuntas irregularidades en la contratación de proveedores locales para el desarrollo del proyecto de litio Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.

El expediente, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 2, se inició a partir de reclamos de empresas salteñas que denunciaron haber sido desplazadas de contratos previamente adjudicados. Según surge de la resolución judicial, el tribunal consideró acreditada la existencia de un patrón repetido de contratación que se habría utilizado para beneficiar a firmas extranjeras en detrimento de proveedores locales.

De acuerdo con la denuncia, el mecanismo consistía en celebrar inicialmente contratos con empresas radicadas en Salta y, posteriormente, modificar o reducir el alcance de esos acuerdos para transferir parte sustancial de los trabajos a compañías "fantasmas" vinculadas a contratistas extranjeros.

La resolución judicial sostiene que esta modalidad no sería un hecho aislado, sino un procedimiento que se habría replicado en numerosas contrataciones, aunque todavía existen decenas de planteos pendientes de resolución.

La medida busca resguardar el eventual cumplimiento de futuras sentencias y garantizar la disponibilidad de activos mientras avanza el proceso judicial.

El conflicto se desarrolla en torno al proyecto Sal de Oro, una de las principales inversiones de POSCO en Argentina, destinada a la producción de carbonato e hidróxido de litio. La compañía anunció inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares y proyecta una capacidad de producción de hasta 50.000 toneladas anuales, con operaciones distribuidas entre el Salar del Hombre Muerto y la planta industrial de General Güemes.

Públicamente, la empresa sostiene públicamente que impulsa el desarrollo de proveedores locales y que una parte significativa de sus contrataciones corresponde a firmas salteñas. Sin embargo, las denuncias que dieron origen a la causa judicial plantean que, en la práctica, numerosas empresas provinciales habrían sido desplazadas mediante un esquema contractual que ahora es objeto de análisis por parte de la Justicia.