Alivio

Mentiras Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno del presidente Javier Milei, juega su destino en el Congreso, Sergio Camacho -que ejerce la misma función en la administración del gobernador Gustavo Sáenz- se plantó ante el Foro de Intendentes de la Provincia para programar el segundo semestre, cubriendo las demandas de sus municipios con una agenda federal y regional. Sin la obligación de rendir cuentas de manera sistemática, el funcionario provincial reunió a los Ejecutivos de cada municipio para darles la certeza que los ayudará a sostener políticas públicas y cubrir demandas locales en un contexto económico complejo.

Según la información oficial sobre un encuentro que se realizó el pasado jueves, el Ministro Coordinador destacó que el orden financiero provincial es “el activo más importante de Salta en este difícil escenario nacional”. Es la virtud de una gestión que transita la segunda mitad de su segundo mandato y es la fuente de confianza y previsibilidad para la administración pública; según lo reiterado ante los jefes comunales, registra seis años y cinco meses consecutivos de equilibrio en sus cuentas públicas.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos dio garantías de continuidad de la ejecución de obras, incluyendo las que dejó inconclusas el gobierno nacional. Además, le aseguró a los intendentes un piso a la coparticipación.

Una actividad de este tipo debiera ser un hecho administrativo ordinario, pero llama la atención porque desde el inicio del año se lanzaron alertas advirtiendo la profundización de las dificultades financieras de la mayoría de las provincias argentinas. A ello concurrió una actitud discrecional del Ejecutivo nacional, que a pesar de su crítico discurso respecto de prácticas de sus antecesores, no abandonó la política del látigo y la billetera como modo de aplicación de un peculiar federalismo fiscal.

A punto de cerrar el primer semestre del año y en vísperas que se conozca -para el caso que la administración libertaria cumpla en tiempo y forma con tal obligación- el anticipo del proyecto de presupuesto para el 2027, se acumularon los informes sobre el comportamiento de la relación fiscal entre Nación y provincias. Con una ley de coparticipación que sigue siendo una deuda con una manda constitucional vigente desde 1994, hubo aprestos para lograr un nuevo pacto que bien podría reordenar la recaudación impositiva, atento a que  que está probado que el conjunto de impuestos y contribuciones administrados por la Nación explica la mayor parte de los recursos tributarios del país. Sin embargo, se responsabiliza a las provincias y a los municipios del peso impositivo que se reclama desde todos los sectores.

Se sabe que con vencimientos escalonados hasta 2027, Salta transita un año exigente en términos financieros. Sin embargo, en el encuentro con los intendentes se confirmó que se podrán cumplir los compromisos y se remarcó que solo restan tres cuotas para cancelar el Fondo del Bicentenario, que es la obligación que más pesa en la composición de la deuda pública, que sigue en descenso.

La caída de la recaudación, que tuvo un pico en abril pasado, puso en alerta a los municipios salteños no hace más de treinta días atrás. Con recursos para pagar aguinaldos, cubrir con un ingreso estable para cubrir los gastos operativos y una estructura social adormecida, llegó el alivio a la gestión  de los intendentes.

O volverán los reclamos.

Salta, 19 de junio de 2026