Por el crecimiento de la inseguridad, Ecuador declaró el estado de excepción en varias regiones
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo "estado de excepción" por 60 días en diez provincias y tres cantones (municipios) del país, por "grave conmoción interna" provocada por el incremento de la violencia criminal, informó el Gobierno.
Una decisión adoptada por decreto
La decisión fue adoptada mediante un Decreto Ejecutivo firmado por el mandatario, en el que se dispone la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, todas ubicadas en la región Costa.
La medida se extiende además a las provincias de Azuay (sur), Pichincha (centro-norte), donde se encuentra la capital, Quito; Santo Domingo de los Tsáchilas (centro-norte) y Sucumbíos (Amazonía, norte del país).
También alcanza a los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi (Sierra centro); Las Naves, en la provincia andina de Bolívar; y La Troncal, en la provincia de Cañar (centro).
El mandatario ecuatoriano explicó que la medida permitirá a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de que, al interior de un inmueble, se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada.
Además, cuando se presuma la existencia de armas, municiones, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización, sigue la crónica de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.
La disposición permitirá la identificación, análisis y recopilación de información considerada indispensable para prevenir o neutralizar amenazas.
Otros alcances del decreto presidencial
El decreto presidencial también dispone la requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito, que resulten estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Según el decreto, entre el 1 y el 12 de junio pasado, se registró un incremento significativo de hechos violentos, ataques armados y actividades delictivas atribuidas a grupos armados organizados y de delincuencia organizada, lo que generó una considerable alarma social.
Indicó que los hechos perpetrados, como asesinatos, homicidios, secuestro extorsivo, robos y narcotráfico, “continúan produciendo una conmoción social, reflejando desasosiego e intranquilidad”, además de afectar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas.
Por lo tanto, señaló que es imprescindible y necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas mediante mecanismos excepcionales con el fin de “disminuir el estupor ciudadano”.