Denunciaron a Milei y Caputo por la privatización de Intercargo
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y licitación de la empresa estatal Intercargo, en el marco del plan oficial de privatizaciones.
La presentación judicial fue radicada este jueves y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, que resultó sorteado para intervenir en la causa. Según el escrito, se imputan los delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados a la determinación del precio base de venta de la compañía, según señalaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas.
El eje de la denuncia: la valuación de Intercargo
El conflicto se centra en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo, que fijó un precio base para la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares. Esa cifra, según el sindicato denunciante, resulta “inexplicable” frente a los indicadores económicos recientes de la empresa.
De acuerdo con datos conocidos públicamente, Intercargo —la firma estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves en aeropuertos argentinos— ha mantenido resultados positivos en sus balances recientes y posee activos significativos. En el mercado aerocomercial, incluso, se ha mencionado que la compañía registra niveles de rentabilidad que la vuelven atractiva para inversores privados.
La tasación oficial que dio origen al precio base fue realizada por el BICE, utilizando el método de flujo de fondos descontados, una técnica habitual en procesos de valuation empresarial, según defendieron fuentes del Gobierno ante cuestionamientos. Sin embargo, desde APA cuestionan la elección de esa entidad para determinar el valor de la empresa, señalando que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición específica en tasaciones públicas.
Proceso de privatización y contexto político
La denuncia se inscribe en un contexto de fuerte controversia por la política de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, en cumplimiento de la llamada Ley Bases. Esa normativa habilitó la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual.
Intercargo es una empresa estratégica dentro del sistema aerocomercial argentino, ya que presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Además, formó parte de un esquema históricamente monopólico en ese segmento, aunque el Gobierno avanzó en la desregulación del sector habilitando a nuevos operadores.
El proceso de privatización prevé un cronograma abierto a oferentes nacionales e internacionales y contempla la transferencia total de la empresa, con exigencias operativas para garantizar la continuidad del servicio en el período de transición.
Cuestionamientos sindicales y advertencias
En su denuncia, la Asociación del Personal Aeronáutico sostuvo que la fijación del valor base de la empresa podría implicar un perjuicio económico para el Estado y denunció un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público”. También advirtió sobre el impacto que el proceso podría tener en el empleo, al señalar que Intercargo está vinculada a alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico, según estimaciones sindicales.
El gremio cuestionó además la decisión de asignar la tasación al BICE en lugar de otros organismos especializados y reclamó una investigación judicial sobre el proceso administrativo que derivó en el valor fijado para la licitación.
En ese marco, desde APA afirmaron que la denuncia busca “evitar una posible estafa al pueblo argentino” y anticiparon que impulsarán acciones tanto en el ámbito judicial como en el plano gremial.
Un conflicto que trasciende lo judicial
El caso abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los sindicatos del sector aerocomercial, que ya habían protagonizado conflictos en torno a la desregulación del sistema y las reformas impulsadas por la administración libertaria.
La causa judicial ahora en manos del fuero federal se suma a un debate más amplio sobre el rol del Estado en la economía, la valuación de activos públicos y el impacto de las privatizaciones en sectores estratégicos.
Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sistema, los gremios advierten sobre los riesgos de una eventual subvaluación y pérdida de control sobre servicios clave.
El avance de la investigación será clave para determinar si el proceso de privatización de Intercargo se mantiene en los términos actuales o si enfrenta nuevas revisiones judiciales y políticas en las próximas semanas.